La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la competencia de este órgano judicial para investigar por el delito de sedición los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona durante los registros ordenados contra miembros del Govern que preparaban el referéndum ilegal ya que se trata de hechos que buscaban atentar contra la actual forma de Gobierno y declarar la independencia de Cataluña.
El auto --que cuenta con un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada-- recoge que la competencia corresponde a la Audiencia Nacional porque el delito de sedición en este caso concreto "se enmarca en un programa insurreccional para cambiar la organización del Estado", tal y como expuso la magistrada instructora de la causa, Carmen Lamela, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía.
Por lo tanto desestima los recursos interpuestos por los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que alegaron que su participación en las movilizaciones no iba encaminada a "cambiar la forma de Gobierno" sino que se trataba de una "mera protesta ciudadana" como consecuencia de las detenciones y registros y por tanto la competencia sería de un juzgado de instrucción de Barcelona al tratarse de un posible delito de orden público.
La Sala responde que los acusados "pretenden hacer creer para minimizar las consecuencias de su comportamiento" que se trató de un hecho aislado; sin embargo el contenido de los mensajes transmitidos por los líderes soberanistas --en prisión incondicional desde el pasado 16 de octubre por estos hechos-- llamando a la "movilización permanente" y presentándose como interlocutores de los alzados frente a la comitiva judicial desmienten esta versión "rotundamente", alegan los magistrados.