"Tendremos que redactar el código ético, hay que revisar cómo se va a redactar esto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que se ha presentado, se está hablando de los partidos judiciales pero en ella se mencionan otros aspectos, éste incluido y habrá que ser muy cuidadosos sobre cómo queda finalmente", así se ha expresado Roma en una entrevista concedida a la Cadena SER.
Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cree que "el sistema que se tiene actualmente es malo", pues "es ingobernable y procede del siglo XIX, es un sistema decimonónico, hay que cambiarlo y posiblemente en la dirección propuesta por Gallardón", si bien matiza que "posiblemente no haya que llegar a una provincialización".
"Posiblemente no haya que llegar a una provincialización, a lo mejor se puede establecer un marco de referencia provincial pero sin evitar que tengamos tribunales de instancia, en el caso de Galicia, en Ferrol o Santiago, que tienen sedes de la Audiencia Provincial, Fiscalía o juzgados de lo contencioso y han tenido una gran trayectoria de asumir órganos de peso por el número de asuntos que dirimen o la cantidad de población", ha defendido.
En este sentido, Antonio Roma ha puesto el caso del Prestige como ejemplo sobre la necesidad de un cambio en la Administración de Justicia, ya que con la nueva ley esa instrucción se trasladaría a A Coruña, en donde "debido a la complejidad del caso llevarían la instrucción varios jueces especializados y con dedicación exclusiva porque el juez de Corcubión al tiempo que llevaba el Prestige resolvía divorcios, problemas contractuales, peleas vecinales".
Junto a esto, preguntado sobre el hecho de que en España sean los jueces los que instruyen los casos, mientras en otros países de esa faceta se encargan los fiscales, Roma se ha mostrado partidario de que "el ministerio fiscal está absolutamente preparado para sumir la instrucción tanto desde el punto de vista del personal como de los medios materiales"
ANGROIS
En otro orden de cosas, Antonio Roma, que es el fiscal del caso del accidente ferroviario de Angrois en el que fallecieron 79 personas se ha mostrado confiado en que no se prolongue en exceso la instrucción. Por ello, aunque su deseo es que finalice en seis meses, no se atreve a dar fechas.
Antonio Roma, que fue presidente de la Asociación de Fiscales, ha respondido que esa entidad no es conservadora a pesar de que se le cuelgue esa etiqueta. "Los fiscales tenemos prohibido pertenecer a partidos políticos o sindicatos y nuestro único interés es resolver los problemas de la justicia y defender a la sociedad", ha asegurado.