La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha trasladado este martes su satisfacción por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de ordenar la detención de 17 exmilitares de El Salvador a los que procesó en mayo de 2011 por el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, otros cinco sacerdotes y dos personas más que vivían con ellos, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Tras la decisión del juez Velasco, la APDHE ha pedido a las autoridades salvadoreñas que ejecuten las órdenes internacionales de detención acordadas contra estos exmilitares, a los que se les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente.
La asociación ha recordado, en este sentido, que la propia Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo salvadoreño y en el Derecho Penal Internacional y de los Derechos Humanos, "ha recomendado y solicitado al Tribunal Supremo que acceda a la extradición".
El procedimiento judicial se inició en España al amparo del principio de jurisdicción universal y, según ha recordado APDHE, el Tribunal Supremo español consideró que el proceso judicial seguido con anterioridad contra los responsables de esta masacre ante los tribunales salvadoreños "no había respetado los estándares internacionales del derecho al proceso debido, calificando el mismo como de ineficaz y parcial".
El juez Velasco ha reactivado la orden de detención de estos exmilitares ante el "giro jurisdiccional" observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde.
El 24 de agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la "búsqueda y localización de los procesados pero no a la captura de los mismos", por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.
Sin embargo, el 24 de agosto 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".
El pasado 30 de diciembre la Audiencia Nacional recibió un correo de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en los que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.