La única acusación que sostiene acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI es el sindicato Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido Urdangarin a través de la sociedad de la que ambos son copropietarios, Aizoon, que se nutrió de forma presuntamente irregular de los fondos obtenidos de forma ilícita por el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
Durante el trámite de las cuestiones previas, la defensa de la Infanta y la Fiscalía Anticorrupción plantearán que se le aplique la anterior doctrina, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido -la Agencia Tributaria no acusa a la Infanta-. Esta petición deberá resolverse antes del 9 de febrero, día en que prevé reanudarse el juicio con el interrogatorio de todos los acusados.
Sin embargo, este punto no será el único que se abordará, puesto que durante este trámite los abogados tienen oportunidad de exponer si consideran vulnerado algún derecho fundamental contra sus clientes y posibles causas de suspensión del juicio, además de solicitar, si así lo consideran, la nulidad de actuaciones, proponer nuevas pruebas y reiterar las que hayan sido anteriormente denegados.