En concreto, el marido de la Infanta Cristina reclama poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF de 2009- con los fondos que obtendría con la operación inmobiliaria, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros.
El magistrado, mediante un auto dictado este miércoles, da cinco días a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre el recurso de Urdangarin, tras lo cual Castro lo elevará a la Audiencia de cara a su resolución.
En la resolución recurrida, el juez asevera que el crédito que Urdangarin pretende pagar a la Agencia Tributaria (AEAT) no deriva de la supuesta comisión de ningún delito fiscal investigado en el caso Nóos, de modo que el embargo que pesa sobre la mitad indivisa del palacete "no tiene como finalidad garantizar ese crédito".
Asimismo, señalaba que la "preferencia" que el marido de la Infanta quiere dar al dinero que obtenga de la venta "podría tener sentido si el crédito que ostentara la AEAT lo fuera por razón de tributo que gravara periódicamente la finca a enajenar", y añadía que este pago "hubiera podido gozar de cierta preferencia si la Administración Tributaria hubiera accedido al Registro de la Propiedad y anotado preventivamente el embargo de la finca con prioridad a que lo hiciera este Juzgado".
La defensa del Duque asevera, sin embargo, que la resolución dictada por Castro con los términos para llevar a cabo la operación inmobiliaria no se ajusta a derecho y asegura que, en el caso de que el magistrado le permitiera saldar su deuda con Hacienda con el dinero procedente de la venta, podría igualmente depositar en el Juzgado la suma "nada despreciable de más de 2,1 millones de euros", tal y como aseveraba en un anterior recurso.
Es más, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, comparaba su situación con la del exsocio de éste, Diego Torres, al recordar cómo el Juzgado autorizó el desbloqueo de 271.272 euros los fondos que le fueron intervenidos en una cuenta de Luxemburgo, "que había resultado previamente embargada de un monto superior, localizado y trabado en el extranjero".
Cabe recordar que la mitad del palacete le fue embargada al Duque tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con Torres.