Los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional mantienen abierta una veintena de causas por delitos económicos, estafas y corrupción que comenzaron a instruir hace más de cinco años, según se desprende de la última Memoria del tribunal, correspondiente al año 2011.
El procedimiento económico más antiguo que todavía se instruye en este tribunal es el correspondiente al denominado 'caso Athos', que el juez Baltasar Garzón comenzó a instruir en 1997 para investigar una supuesta estafa que habría ascendido a 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros).
El procedimiento, que ha sido heredado por el juez Pablo Ruz, tiene 25 tomos de causa principal y en él se continúa investigando la estafa que los responsables del Grupo Athos habrían cometido al invertir el dinero de ahorradores en pagarés del Tesoro fiscalmente opacos que se habrían perdido a causa de la crisis de la entidad.
FÓRUM Y AFINSA
Además, el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, investiga desde 2006 la estafa que habrían cometido los gestores del Forum Filatélico por las inversiones que ofrecieron a 269.203 ahorradores perjudicados, de los cuales 223 se encuentran personados.
El juez Santiago Pedraz también instruye desde 2006 una estafa similar, la que sufrieron las más de 300.000 personas que invirtieron sus ahorros en los servicios de la sociedad Afinsa Bienes Tangibles. La complejidad de esta causa, que tiene 132 tomos de tramitación con más de 52.000 folios, exigió la creción de una oficina de apoyo al juzgado que clasificó las denuncias por provincias y atendió telefónica y personalmente a los perjudicados.
Tanto el juez Fernando Andreu como Pablo Ruz mantienen abiertos desde 2006 y 2007, respectivamente, dos procedimientos contra las mafias rusas 'Izmailovskaya' y 'Tambovskaya', en los que se imputan los delitos de asocición ilícita, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Otra de las causas más antiguas que se mantienen abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 2 es la correspondiente a las piezas de responsabilidad civil que se abrieron en 2003 contra el exalcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil y otros 34 querellados por un fraude a la Seguridad Social de 15.000 millones de pesetas (90,15 millones de euros).