La Audiencia de Palma condena a Massot, Gibert y una ex edil de UM

La Audiencia Provincial Palma ha condenado al ex jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, la ex concejal de UM en el municipio mallorquín, Maria Porcel, un arquitecto que recientemente ha sido contratado por el equipo de gobierno del PP en Sóller, Joaquín Ozonas, y el ex celador Jaime Gibert, después de que todos ellos se hayan declarado culpables de permitir la construcción de un chalet unifamiliar en terreno protegido.

Los cuatro acusados se han sentado este martes en el banquillo en el marco de la pieza número 4 del caso Andratx junto al ex asesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, para quien tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento 'andritxol', representado por la abogada Isabel Fluxà, han retirado su acusación. Las defensas de los inculpados han alcanzado de esta forma un acuerdo de conformidad con las acusaciones, de modo que el juicio, que debía prolongarse hasta este miércoles, ha quedado visto para sentencia.

Así, de acuerdo al escrito de conformidad suscrito por las partes, a Massot le correspondería un año de prisión y ocho años y medio de inhabilitación si bien el documento considera cumplida esta pena tras haber sido condenado por prevaricación urbanística. Mientras tanto, sobre Porcel recae una multa de 2.160 euros y tres años y medio de inhabilitación; Ozonas se ha conformado a 3.600 euros de multa mientras que deberá demoler lo construido; y Gibert se enfrenta a dos años de cárcel y de forma subsidiaria será responsable de la demolición.

Se da la circunstancia de que el mismo tribunal que les ha juzgado, el de la Sección Segunda, fue el que recientemente condenó, mediante una dura sentencia, a Rodríguez Miranda a una multa de 7.200 euros y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, así como a otros tres acusados dentro de la pieza 9 de esta compleja causa de corrupción urbanística, en la que fue absuelto Massot.

Tal y como ha quedado reflejado en el escrito de conformidad, Porcel, quien el pasado mes de mayo concurrió a las elecciones municipales como candidata por Coalició per les Illes (CxI) mientras que anteriormente lo había hecho por UM, realizó los actos necesarios para obtener una licencia que amparase la construcción de un chalet de nueva planta a pesar de que en su parcela únicamente quedaban fragmentos de unos muros en ruinas sin techo ni cubierta, por lo que no existía vivienda alguna que pudiera reformarse.

OZONAS, CONTRATADO POR EL PP PARA CONTROLAR LICENCIAS DE OBRA MENOR

Así las cosas, tras suscribir un contrato de opción de compra de su finca en julio de 2001 en favor de la británica Jannet Shanahan -quien podría reclamar responsabilidades patrimoniales al Ayuntamiento por el derribo de su vivienda-, la ex regidora 'uemita' encargó a un arquitecto de su confianza a la redacción de un proyecto que posibilitara obtener la licencia de construcción, lo que recayó en manos de Ozonas, quien recientemente fue nombrado por el equipo de gobierno de Sóller liderado por Carlos Simarro para gestionar y controlar la concesión de licencias de obra menor.

El acusado simuló de este modo que preexistía una vivienda antigua en el terreno a fin de dar apariencia de legalidad a la construcción del chalet. Tras ello, entró en escena Massot para informar favorablemente la licencia en febrero de 2002 a sabiendas de que se trataba de una autorización contraria a derecho, mientras que Rodríguez Miranda emitió su informe jurídico dos días después, para finalmente ser aprobada la licencia un día después en comisión de gobierno.

Ozonas ha reconocido que dirigió la construcción presuntamente ilegal del chalet mientras que Gibert emitió en abril de 2005 un informe en el que hacía constar que las obras se habían ejecutado conforme a las licencias otorgadas, a sabiendas de que ello no era cierto. "Las obras no se ajustaban en absoluto a lo solicitado", asevera el escrito de conformidad al recordar que en la parcela no existía vivienda alguna, todo lo construido fue obra nueva e incluso tampoco la ubicación de la construcción se correspondía con la que había sido autorizada.