Los actuales responsables del Palau han dado a conocer hoy el contenido de la auditoría definitiva sobre el expolio, justo un año después de que los Mossos d'Esquadra entraran en el Palau y se destapara el millonario saqueo que ha tenido en vilo a la política y sociedad catalanas.
Pese a que la auditoría presentada hoy es la definitiva, la cifra final del expolio podría ser superior porque los responsables del estudio se han encontrado con varias limitaciones a la hora de actuar, al no poder acceder a toda la información que obra en poder del juez, por lo que será el informe de los peritos de Hacienda el que determinará la cifra final.
De todo el dinero desviado por Millet y Montull en los últimos diez años, 17,5 millones de euros fueron orillados de la Fundació Palau de la Música, 13 del Orfeó Català y 4,6 del Consorcio -del que forman parte el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona-.
La auditoría ha desvelado que Millet y Montull lograron desviar diez de estos 35,1 millones de euros exagerando la petición para lograr subvenciones, tanto públicas como privadas, para reformar el Palau de la Música, ya que en diez años acumularon 26 millones de euros a tal fin, si bien sólo 16 millones se invirtieron realmente en obras.
Este nuevo "modus operandi", al pedir una "sobrefinanciación", explicaría por qué los saqueadores confesos del Palau pudieron disimular durante tantos años el expolio sin que la merma económica afectara a las obras de reforma del edificio modernista del Palau de la Música o a la calidad musical de los artistas contratados, según ha explicado el actual responsable del Consorcio, Joan Llinares.
Según Llinares, de la auditoría se podrían desprender nuevas imputaciones relacionadas con el caso, ya que se han detectado más facturas falsas pagadas por el Palau a empresas que no hicieron ningún trabajo para la institución o facturas que se presentaban para el cobro pero no se satisfacían y se utilizaban para justificar subvenciones públicas.
En este sentido, Llinares ha sido muy gráfico al subrayar que el informe presentado hoy ha permitido cuantificar el agujero económico que dejaron tras de sí Millet y Montull, pero que ahora se tendrá que dilucidar las "terceras personas", además de ellos, que se quedaron con parte del dinero.
La auditoría, elaborada por Deloitte, pone de manifiesto las seis vías distintas que Millet y Montull ingeniaron para desviar fondos del Palau, a través de transacciones irregulares entre las entidades de la institución, salidas irregulares de efectivo, pagos por servicios que no se realizaban o retribuciones sin justificación.
Además, la auditoría ha permitido descubrir que Fèlix Millet y Jordi Montull pudieron cometer delito fiscal al defraudar más de 600.000 euros en concepto de IVA, básicamente con la emisión de facturas falsas dirigidas a su propio provecho personal.
De todo el dinero desviado, el Palau ya ha recuperado 8,3 millones: 4 por la devolución que hizo efectiva el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona a partir de reintegros y fianzas de Millet y Montull; 3,6 con la anulación de la operación de compra del local situado en el número 12 de la calle Sant Pere Més Alt; y 0,6 en concepto de devolución de la fundación CatDem, vinculada a CDC -que por el momento ya ha retornado 79.000 euros-.
De cara al futuro, los actuales rectores de la institución prevén poder seguir recuperando parte del dinero expoliado cuando finalmente el juez pase a estar en posesión de las cuentas bancarias que Millet tenía en Suiza, así como cuando se embarguen preventivamente las propiedades detectadas a los ex responsables del Palau, que suman un valor de 12 millones de euros -si antes no se les adelantan los bancos en caso de impago hipotecario-.
Transcurrido un año desde que estalló el escándalo, y a la espera de la evolución del caso en su ámbito judicial, el Palau iniciará a partir del próximo otoño una nueva etapa con la convocatoria de elecciones de su junta directiva, que se regirá por una fundación en la que estarán representados la asociación Orfeó Català, el Consejo de Mecenazgo y las administraciones públicas.