En rueda de prensa, la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha explicado este viernes que en la junta, a la que han asistido 143 jueces de forma presencial o por delegación, se ha ratificado por unanimidad un manifiesto en el que se muestra el "descontento de los jueces por cuestiones endémicas" por falta de inversión, voluntad política, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema judicial y la falta de concreción en la carga de trabajo de cada juzgado.
"En la Administración de Justicia, en tiempos de crisis aumenta el trabajo y podemos llegar a una situación de colapso", ha advertido Feliu, a lo que ha añadido que están trabajando por encima de la carga de trabajo prevista.
Ha avisado de que ello tiene un límite, deplorando que en épocas de bonanza tampoco se haya invertido en Justicia: "Incluso sanidad ha tenido muchas inversiones como el expediente digital y nosotros no tenemos nada de esto. Aún funcionamos con papel y fotocopias de fax".
Ha detallado que durante la Junta se ha abordado la posibilidad de emprender medidas de presión porque algunos jueces piensan "que se ha llegado al límite", entre las que se han barajado la autorregulación y cumplir a rajatabla las horas de audiencia, aunque, por el momento, no han puesto sobre la mesa la convocatoria de una huelga.
Para Feliu, la posibilidad de convocar paros en los juzgados la abordarán de cara a la junta de octubre, ya que consideran que tendrá "más eficacia" si se convoca a nivel estatal y no solo en Barcelona.
La Junta ha aprobado por unanimidad adherirse al documento de las asociaciones de jueces en el que se lamenta la ausencia de inversión, la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Este documento ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y no descarta la convocatoria de una huelga.
Asimismo, los jueces barceloneses han rechazado la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y han mostrado su "indignación" con la manera en que ha procedido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, a la hora de negociar, a su entender, con un desprecio directo al colectivo.