"El Partido Popular manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos", asegura el PP en el escueto comunicado enviado a los medios de comunicación una hora y media después de conocer la decisión del juez Ruz de enviar a prisión a su ex tesorero Luis Bárcenas.
'Génova' ha optaba por guardar silencio ante prisión incondicional y sin fianza a Bárcenas, una medida que había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y una de las acusaciones populares.
Antes de conocer esta decisión, fuentes oficiales del partido ya adelantaban que la dirección del PP no tenía intención de valorar esta decisión judicial recordando que hace varios años que Bárcenas ya no forma parte del PP.
El extesorero, que estuvo más de 20 años en el equipo financiero del partido, renunció a su escaño como senador en abril de 2011, meses después de estallar el 'caso Gürtel', y actualmente está enfrentado con el PP en varios procedimientos judiciales.
En el auto hecho público este jueves, el magistrado sostiene que el ingreso en la cárcel del exsenador 'popular' servirá, además, "para preservar las fuentes de prueba relacionadas con los presuntos delitos objeto de imputación en evitación de su alteración por parte del imputado".
Ruz justifica el ingreso en prisión de Bárcenas, que fue solicitado por la Fiscalía, a partir de "la concurrencia de nuevos hechos y el resultado de diligencias" practicadas en la investigación que refuerzan la imputación del extesorero por los delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales y añaden los de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa.
Así, indica que, a pesar de que el imputado ha cumplido hasta el momento con las medidas cautelares que le fueron impuestas --retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparencias quincenales--, "a día de hoy deben ser tenidas en cuenta nuevas circunstancias".
Entre ellas destaca "la elevada penalidad que se asocia a los delitos que se le imputan", la alta previsión de responsabilidad pecuniaria que llevan aparejados y su nueva imputación en la pieza en la que se investiga la presunta contabilidad B del PP.
Ruz recuerda, además, que el exsenador cuenta "con patrimonio en el extranjero de difícil control e incautación judicial y pone de manifiesto que "durante los años 2011, 2012 y 2013 continuó disponiendo libremente de los fondos en Suiza" y contó con capacidad de "gestión activa" sobre ellos.
Declaración "Parcial, inconsistente e insuficiente"
Agrega que el exsenador ha ofrecido durante su declaración una explicación "parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente" sobre el origen de los fondos ingresados en Suiza y advierte de que su testimonio contradice las anotaciones de sus gestores bancarios .
Entre los nuevos indicios contra el extesorero se encuentra la declaración de la supuesta marchante argentina Isabel Mackinley, que aseguró que cobró 1.500 dólares por figurar en dos contratos de mediación y compra-venta de obras de arte que "no reflejarían operaciones reales" y con los que Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, justificaron unos ingresos en efectivo de casi 560.000 euros.
Tras señalar que Mackinley negó "rotundamente" que su firma fuera la que aparece en los dos contratos aportados por la defensa de Bárcenas, el juez concluye que los contratos se utilizaron "con el fin de inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto del delito fiscal", atribuido a su esposa.
El magistrado advierte, además, que, en caso de permanecer en libertad, el extesorero podría "influir" sobre el testimonio de la falsa marchante cuando "aún se encuentra pendiente de la práctica de nuevas diligencias de investigación".