Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguraron que el Consistorio nunca ha contratado con Cofely y destacan que el regidor colaborará con la Justicia, según precisaron a Europa Press fuentes municipales.
Las mismas fuentes han indicado que no existe ningún pliego de contratación y que, por tanto, tampoco se llegó a adjudicar ningún servicio con Cofely, en relación al presunto delito contra la administración pública. Lo único que existe, precisaron, es un documento interno que elaboraron los técnicos municipales, que no llegó a salir a la luz y tampoco se llevó a ninguna comisión informativa.
A su vez, el consejero de Medio Ambiente y presidente del Comité Electroal del PP de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, aseguró que su formación "no va a mirar hacia otro lado" y que la próxima semana tomará una decisión "con criterio y juicio" sobre el alcalde de Brunete.
En un auto emitido por el juez Eloy Velasco, entonces encargado del caso, un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se apunta a que la empresa Cofely encargaba encuestas políticas y de intención de voto en municipios en los que obtenía contratos, como sería el caso de Parla, Valdemoro, Brunete y Torrejón de Velasco.
EL EXDIRECTOR DE INDUSTRIA, TAMBIÉN CITADO COMO INVESTIGADO
Por otro lado, el magistrado Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, también ha citado como investigado este mismo lunes al exdirector de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, también por presunto delito contra la administración pública en relación al contrato de servicio público de eficiencia energética de seis colegios públicos suscritos entre Cofely y el Ayuntamiento de Alcalá.
El año pasado, Jimeno tuvo que dimitir de su cargo en el Gobierno regional tras verse salpicado por las revelaciones del sumario del caso Púnica. Según los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, López Jimeno poseía un 20 por ciento de la sociedad Alba Ingenieros Consultores SL cuando, entre 2008 y 2012, que recibió casi 200.000 euros desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, de la que era también patrono.
Además, en la documentación aportada por la UCO a la causa destaca un correo electrónico con fecha del 8 de noviembre de 2012 en el que Fernando Utrilla, empleado de Cofely, pide al directivo de esta firma, Constantino Álvarez, que intente gestionar la contratación de un cercano a López Jimeno en respuesta al "favor" que éste le había hecho "para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares".
La UCO concluía que "resulta lógico pensar" que la petición de Álvarez a López Jimeno estaría relacionado con que Cofely fuera adjudicataria del contrato en dicha localidad madrileña.
Este lunes también están citados a declarar en calidad de investigados el exgerente del instituto de Planificación y Gestión Ambiental de Alcalá, David Larrazabal, y al exasesor de la localidad Ferando García Rubio.
El juez también ha decretado también la comparecencia como investigada para este martes de la edil popular en el Consistorio de Brunete y concejal de Nuevas Tecnologías del equipo de Gobierno local, Ana Cristina Gil Guerra, junto a su padre y secretario general del PP en la localidad, José Gil Granizo. También se cita a Lorena Crespo Iglesias en calidad de testigo.
La citación también se basa en presuntos delitos contra la administración pública por supuestamente participar en procesos de preparación de un contrato de eficiencia energética con Cofely.