En una rueda de prensa en Berlín después de que el viernes saliera en libertad bajo fianza de prisión, Puigdemont ha explicado que “sigo en el exilio” y que permanecerá en Alemania hasta que acabe el proceso judicial en este país. Luego, regresará a Bélgica.
Puigdemont ha insistido en que "queremos hablar, queremos negociar" con el Gobierno español y ha añadido que espera que "esta situación pueda ayudar a hacer entender al Estado español que este conflicto necesita una solución política" y que "el diálogo es un deber".
En este sentido, ha señalado que "estamos listos para el diálogo. Todos los políticos catalanes estamos listos para dialogar". Ha pedido al Estado español que “cambie de actitud” porque “esta deriva autoritaria no es el camino”.
Sobre un posible diálago, el expresidente ha pedido que no haya condiciones previas. "Si uno accede a una mesa de diálogo, debe ser consciente de que su posición se va a mover. ¿Hasta dónde? Hasta donde el diálogo nos permita" y ha añadido que "el independentismo catalán es una realidad muy contundente y hay que relacionarse con ello".
Para resolver el conflicto catalán, Puigdemont ha pedido herramientas políticas y que el Gobierno acepte la mediación internacional. "Necesitamos a alguien que medie.
Necesitamos negociar. Si dos partes son incapaces de empezar un diálogo es un indicio de que será obligatorio pedir ayuda a otros países u organizaciones internacionales", ha resaltado.
Investidura de Jordi Sánchez
Puigdemont ha reclamado la legitimidad del número dos de JxCat, Jordi Sànchez, para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Ha acusado al Estado de "interferir" en el Parlament, y ha pedido que respete los derechos de Jordi Sànchez como candidato: "Tiene intactos sus derechos y por tanto puede ser elegido presidente".
El expresidente catalán ha subrayado que los tres candidatos propuestos para dirigir la Generalitat han terminado en prisión, y ha pedido un cambio de actitud al Gobierno: "Tiene la oportunidad de reforzar su imagen exterior".
Así, ha defendido que el Estado español no "entorpezca" la responsabilidad de Parlamento catalán y que así la institución pueda debatir "sin restricciones" el nombramiento del presidente de la Generalitat de Cataluña, "que es lo que establece la ley".