En un acto en la sede de ONCE en Barcelona, Puigdemont ha afirmado a través de un vídeo: "La primera política social que deberían defender todas las candidaturas es acabar con el déficit fiscal" de Cataluña, que ha cifrado en 10.000 euros por familia que no vuelven cada año.
"Cuando la solidaridad te la reclaman como una especie de obligación o una exigencia, y a veces incluso a golpe de porra, deja de llamarse solidaridad y se llama atraco o expolio", ha lamentado, en un acto acompañado de miembros de la lista de JuntsxCat como la diputada en el Congreso, Lourdes Ciuró (PDeCAT), el sacerdote conocido como Pare Manel y la trabajadora social Isabel Ferrer, además de la vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté.
El expresidente de la Generalitat se ha comprometido a trabajar para el acceso a la vivienda, y ha criticado que el Gobierno central del PP haya recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) cinco de los seis textos legales sobre este ámbito impulsados por el Parlament, y ha acusado al Estado de preocuparse más por grandes fortunas y el Ibex 35 que por ciudadanos que no tienen recursos.
Ha criticado que se ha repetido que las pensiones peligran en una Cataluña independentista, pero lo ha negado: "Lo dicen los que han vaciado la hucha de las pensiones" y han tenido que pedir un crédito para la paga de Navidad, y que dedicaron más de 60.000 millones de euros al rescate bancario, entre los que hay más de 40.000 que no volverán a los ciudadanos, y ha propuesto aumentar el salario mínimo a niveles europeos.
"DESENMASCARAR MENTIRAS"
Puigdemont ha reflexionado sobre la campaña electoral, de la que ha dicho que no querían hacer y que no tocaba, pero ha añadido que no les dan miedo las urnas y que está sirviendo para "desenmascarar mentiras", como la de que no existe un 155 'light' y uno duro, ya que todo es lo mismo, y que ha demostrado que las marcas blancas del PP en estas elecciones son el PSC y Cs, ha dicho.
"Esta campaña electoral se ha hecho para que ganen los mal llamados constitucionalistas, para que no podamos competir en igualdad de condiciones, con candidatos en el exilio y candidatos en la prisión", ha criticado.
Ha defendido que tiene que incluir los ámbitos habitacional, sanitario, educativo, laboral y económico, para lo que se requiere una inversión pública importante, y ha propuesto crear un observatorio social para promover la investigación en servicios sociales, actualmente "prácticamente inexistente", y diseñar programas preventivos y asistenciales y su evaluación.