Desde la Junta de Castilla-La Mancha han asegurado que esto no implica un "rescate" pues tan solo supone el 10 por ciento de la deuda financiera de la región, que asciende a 7.000 millones de euros. De igual modo, la Junta asegura que el hecho de que acuda al fondo de liquidez no implica "nuevas condiciones ni más recortes".
La presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ha asegurado en una entrevista en la Cadena Cope que no se sonrojaría por tener que necesitar la ayuda del Estado. "No me sonrojo a la hora de decir que para pagar vamos a pedir la ayuda del Estado, lo que no vamos a tener es un comportamiento incoherente como el del Gobierno de Cataluña que ha votado en contra, ha pedido el dinero y al mismo tiempo la independencia", ha defendido la titular del Gobierno castellano-manchego.
"Hay que tomarlo con toda normalidad. Y no pasa nada por pedir ayuda cuando se trata de pagar y cumplir con nuestras responsabilidades", ha asegurado Cospedal, tras asistir a la toma de posesión de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid. De hecho, el acto ha empezado con retraso debido a la tardanza de la 'número dos' del PP, que venía de presidir el Consejo de Gobierno en su comunidad.
La presidenta regional ha recordado que Castilla-La Mancha tiene una deuda "heredada" del Gobierno de José María Barreda "importante" en términos financieros. Según ha añadido, igual que en su día su comunidad acudió al fondo para pagar a los proveedores, ahora recurrirá al FLA. "Ahora también queremos poder pagar las deudas financieras que hemos asumido", ha agregado.
Castilla-La Mancha es la cuarta región que más cantidad de fondos necesitará del Gobierno central, tras Cataluña (5.000 millones), Andalucía (4.907) y Valencia (3.500). En último lugar, de momento, se sitúa Murcia, que pedirá 300 millones.
Reducir el sector público
Las Comunidades Autónomas que quieran acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) deberán comprometerse a reducir su sector público, eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad.
Así figura en la documentación enviada este lunes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los Gobiernos autonómicos con una propuesta de acuerdo para quienes quieran acceder a este fondo, dotado con 18.000 millones y que se otorgará mediante un préstamo bilateral con cada CC.AA..
El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 31 de diciembre, aunque se espera que a principios de octubre se suscriban los primeros acuerdos de concesión. El marco general para este fondo es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que esta semana aprobará el Senado y entrará en vigor.