En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el ministro ha indicado que cree que a primeros del mes próximo el tribunal decidirá sobre aquellas cuestiones que las partes plantearon en las cuestiones previas del juicio a principios de enero.
La Infanta Cristina está procesada como "cooperadora necesaria" de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido, Iñaki Urdangarin, que será juzgado junto a su exsocio Diego Torres por haber saqueado supuestamente hasta 6,2 millones de euros de los presupuestos públicos de las Administraciones balear y valenciana a través de contratos inflados.
La doctrina Botín establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular (en caso de estar este último personado en el juicio) solicitan el sobreseimiento (suspensión, por parte de un juez o de un tribunal, de un procedimiento judicial por falta de pruebas o por otra causa) y aunque la acusación popular inste la apertura de juicio oral, el juez, obligatoriamente, acordará dicho sobreseimiento.
En el caso concreto de la Infanta, solo el sindicato Manos Limpias acusa a Doña Cristina como "cooperadora necesaria" de dos delitos fiscales, no así la Fiscalía ni la acusación particular, en este caso la Agencia Tributaria, como perjudicada directa.