De hecho, durante su comparecencia como imputada en el marco de la pieza que investiga la contratación presuntamente irregular de militantes de UM a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) -a pesar de que no iban allí a trabajar puesto que en realidad se habrían dedicado a labores de partido-, Julve ha incidido en que siempre estuvo "absolutamente tranquila de que se había operado conforme a la legalidad en mi departamento".
La encausada, asistida por el letrado Gabriel Garcías, ha negado en este contexto que en 2007 se pusiera en contacto con su secretaria Coloma Castañer para ayudarle a seleccionar trabajadores presuntamente ficticios incorporados al proyecto Eiel, bajo el cual, junto a las iniciativas Infomallorca y Mallorca Digital, exaltos cargos insulares favorecieron presuntamente la contratación irregular de estos agentes electorales 'uemitas'.
La jueza ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el exgerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.
En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.