Monedero ofreció una conferencia en la que hablaba de uno de sus libros, titulado: 'Curso urgente de política para gente decente', y en cuyo transcurso explicó que ETA empezó a asesinar a 'dealers' (camellos) en el País Vasco a raíz, según él, de que "la policía empezara a distribuir heroína en los lugares donde había una juventud más conflictiva, más peleona y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, Valencia, en Barcelona... en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas. Mejor que se metiera en la heroína".
Sus palabras llevaron a CEP a querellarse contra el dirigente, medida que, tal y como ha anunciado hoy su nuevo secretario general en declaraciones recogidas por Europa Press, Antonio Labrado, ha sido ratificada por el sindicato policial en sede judicial.
A través de la querella, el sindicato policial se basa en el artículo 504.2 del Código Penal que hace referencia a "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Subsidiariamente acusa a Monedero de haber infringido también el artículo 504.2 del Código Penal, según el cuál "es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".
La CEP, insiste Labrado, en que Monedero realizó esas declaraciones "con perfecto conocimiento de su falsedad y con un más que evidente desprecio a la verdad intentando desacreditar la imagen y el honor tanto del Cuerpo Nacional de Policía como la CEP, un colectivo representativo de dicha Institución, y por tanto afectado directo de dicho descrédito".
26.000 VISITAS SÓLO EN YOUTUBE
El colectivo policial hizo hincapié en su día de la gran difusión que habían tenido las palabras del dirigente de Podemos y precisó que en el momento de presentar la querella ante el Juzgado el vídeo de la charla de Monedero había obtenido ya 26.000 visitas.
Argumentan que el político no aportó ninguna prueba a la hora de hacer esas acusaciones y defiende que sus expresiones no se pueden enmarcar en el derecho a la libertad de expresión puesto que no fueron comentarios "inofensivos" y tenían como fin "menoscabar la fama y la identidad de las instituciones españolas". "Dichas afirmaciones suponen una clara vulneración del Derecho al honor, que ha gozado de protección por parte del ordenamiento de manera tradicional", añade.