Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han presentado un voto particular contra la decisión del Pleno de este órgano de volver a nombrar al magistrado Miguel Pasqual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, cuya elección había sido anulada por el Tribunal Supremo por falta de motivación suficiente el pasado 10 de mayo. Afirman que se han infringido los principios de mérito y capacidad y se ha incurrido en "desviación de poder".
El voto, al que ha tenido acceso Europa Press, lo suscriben los vocales Clara Martínez de Careaga, Roser Bach, Victoria Cinto -todas ellas designadas a propuesta del PSOE-, Concepción Sáez -elegida a propuesta de IU- y Enrique Lucas -a propuesta del PNV.
Según señala el escrito, la decisión del CGPJ de volver a designar a Pascual Riquelme en sustitución a la otra candidata al puesto -la la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia Pilar Alonso Saura, quien ocupaba 1.160 puestos por encima del primero en el escalafón en la Carrera- "minusvalora el ejercicio de la función jurisdiccional, infringe los principios de mérito y capacidad, incumple los requisitos anunciados en la convocatoria, incurre en discriminación proscrita en el artículo 14 de la Constitución Española, e integra, nuevamente, un supuesto de desviación de poder".
A juicio de los discrepantes, lo que realiza la mayoría del Pleno del Consejo en su nueva resolución, que reitera el nombramiento anterior," es precisamente lo que el Tribunal Supremo considera necesario evitar: adoptar la misma resolución con distinto ropaje, un ropaje que minusvalora, y prácticamente anula, los méritos de naturaleza jurisdiccional, para primar los extrajurisdiccionales, incluidas las funciones asistenciales en el propio Consejo".
Critican que sus compañeros se se hayan primado las capacidades organizativas de Riquelme sobre las jurisdiccionales que, "en la prolija argumentación de la mayoría, brillan absolutamente por su ausencia, ante el desmesurado peso que se atribuye a las labores gubernativas, valorando de un modo exclusivo y excluyente factores relacionados con la gestión".
La explicación que le dan a este hecho es que tomar en consideración los méritos jurisdiccionales de Pascual Riquelme "llevaría necesariamente a la mayoría del C.PJ a tener que efectuar el nombramiento en favor de una candidata no deseada, lo que, a falta de una justificación razonada y razonable, constituye una muestra clara de arbitrariedad que da lugar a una auténtica desviación de poder.
RESPETO AL SUPREMO
Recuerdan además que por la propia esencia de sus funciones, el CGPJ es el primer obligado a respetar las resoluciones judiciales, especialmente cuando proceden del Tribunal Supremo, y a asumir los límites que se establecen por la doctrina jurisprudencial.
En este sentido, recuerdan que la sentencia del alto tribunal obligaba a "promover a la mujer con méritos y capacidad, obligándose el Consejo en el Plan de Igualdad a remover el deficit de presencia equilibrada de mujeres en los cargos de nombramiento discrecional.
Por ello, critican que la decisión adoptada por el CGPJ siga negando virtualidad a esta directriz. "Podemos hacer su elogio fúnebre, porque si no se aplica este principio rector en un caso tan claro como el presente, es porque la mayoría ha decidido que nunca lo va a aplicar".
Los mismos vocales han presentado una ampliación a su voto en la que denuncian que el día del Pleno, celebrado el pasado jueves, no se retirara este punto del orden del día tras advertir la vocal Martínez de Careaga que no se podía discutir el nuevo nombramiento sin que antes se hubiera acordado el cese del primero.
A este respecto, fuentes del Consejo han señalado a Europa Press que el cese se produjo, ya que de otro modo no se hubiera procedio a una nueva votación, y que lo ocurrido en este aspecto concreto es "una mera discrepancia" con el acuerdo del Pleno que será examinada en una nueva reunión de este órgano.
Por su parte, el Pleno consideró que las detalladas y elaboradas propuestas contenidas en el programa de actuación de Pasqual del Riquelme -que llega a plantear un total de 62 iniciativas- merecen una valoración extraordinariamente positiva frente a las de Alonso Saura, "escasas y genéricas".
El órgano de gobierno de los jueces destaca especialmente "las aportaciones del candidato elegido respecto de los que para el CGPJ son los retos más importantes a los que se enfrenta en este momento la organización judicial: la implantación de la nueva oficina judicial y su incidencia sobre el trabajo jurisdiccional, las recientes reformas legislativas de desarrollo de la mediación intrajudicial y la necesidad de incrementar los niveles de eficacia en la gestión, transparencia y rendición de cuentas de la actividad gubernativa de los órganos de gobierno del Poder Judicial".