La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adjudicado al magistrado Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, la plaza que ocupaba hasta ahora Juan González González en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Entre sus investigaciones, destaca la del 'caso Guateque' en el que lleva investigando desde hace cinco años una presunta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid. Además, Torres lideró las pesquisas que acabaron con el desmantelamiento de una de las mayores mafias de porteros de discotecas de España.
El Poder Judicial acordó el pasado 17 de abril convocar un concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado. La convocatoria salió publicada el pasado 26 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Una de las plazas en Madrid se refería a la de "magistrado/a de la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al orden penal, mientras su titular don Juan Pablo González González se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial".
Fuentes del CGPJ han indicado a Europa Press que la Comisión acordó a finales de mayo adjudicar esta plaza a Santiago Torres tras presentarse al concurso, ya que era el más antiguo de los magistrados que optaban a esta vacante.
No obstante, Torres ha solicitado una prorroga de seis meses para poder concluir la investigación del 'caso Guateque', del que quedan algunos flecos pendientes como el auto de procesamiento en el que se concreten las imputaciones.
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
Sobre Torres pesa un expediente disciplinario por parte del CGPJ a instancias de Manos Limpias por la posible comisión de una falta grave ante "el retraso injustificado" de la instrucción del 'caso Guateque'.
En la resolución, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó incoar expediente contra Torres por una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave".
O, de forma alternativa, por la presunta falta leve del artículo 419.3 de dicha Ley Orgánica: "el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado".
IMPULSO A LA INSTRUCCIÓN
En la queja remitida al Poder Judicial, Manos Limpias solicitó que se "promuevan las actuaciones necesarias para dar el impulso necesario al procedimiento concretando las posibles imputaciones, así como que se depuren las responsabilidades en las que haya podido incurrir el instructor del procedimiento".
En la exposición de los hechos, el documento explicaba que el pasado mes de marzo se cumplieron cinco años del inicio de las actuaciones, sin que "en los dos últimos años se haya venido desarrollando actividad de instrucción o investigación de ninguna clase, no existiendo ni tan siquiera un funcionario a cargo del sumario en el Juzgado".
Recientemente, el juez dicto diversos autos en los que concretaba algunas de las imputaciones. Por ejemplo, levantó la imputación que pesaba sobre el viceconsejero de Presidencia e Interior y exviceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.