El grupo parlamentario de CiU ha registrado más de medio centenar de enmiendas al proyecto de Ley de Transparencia en las que, entre otras cosas, piden eliminar dos de la sanciones previstas para los cargos públicos que incumplan el capítulo de buen gobierno. En concreto, abogan por suprimir la posibilidad de que éstos puedan ser destituidos o inhabilitados.
En la justificación de sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas catalanes argumentan que el nombramiento de los cargos electos tiene su origen en la confianza ciudadana depositada en las urnas, y que "ya existen mecanismos previstos legalmente" para removerles de sus puestos, en referencia a la moción de censura y la cuestión de confianza. Respecto a la inhabilitación, recuerdan que este tipo de penas deben ser impuestas por los tribunales.
También pide suprimir la previsión de que los Presupuestos Generales del Estado establezcan cada año el baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales. En este caso alegan que la competencia para determinar estos sueldos es de los ayuntamientos. Por contra, en otra de sus enmiendas apuestan por que se haga pública una "declaración comprensiva de la situación patrimonial de los miembros de las corporaciones locales".
Además, proponen que el Gobierno dé cuenta dos veces al año del grado de cumplimiento de las iniciativas aprobadas por las Cámaras, que apruebe el Estatuto del Directivo Público Profesional de la Administración General del Estado.
Los nacionalistas de CiU solicitan que la norma afecte a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, a la Casa Real y al Banco de España. Y que queden sometidas a las transparencia las entidades privadas que reciban más de 100.000 euros de financiación pública al año o aquellas que reciban una financiación superior al 40%, quedando exentas las que, pese a superar este porcentaje, no reciban más de 3.000 euros.
RESPETO A LAS COMPETENCIAS
Por lo que se refiere a temas competenciales, CiU pide que se suprima del apartado de infracciones en materia de gestión económica y presupuestaria "el incumplimiento deliberado de las obligaciones establecidas en los artículos 12.5 y 35 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".
Además piden que no se pueda achacar infracción a una administración cuando el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley "tenga su origen en el incumplimiento por parte de otra administración".
Como vienen reclamando desde hace meses, CiU ha plasmado en sus enmiendas la exigencia de que se deseche la posibilidad de que sea el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el que pueda sancionar o inhabilitar a cargos públicos de Comunidades Autónomas o Administraciones locales, un punto que el Gobierno ya ha aceptado corregir para que sean las comunidades o ayuntamientos los que apliquen las sanciones a las que haya lugar.
BALANZAS FISCALES
Asimismo, instan a la Administración General del Estado a publicar anualmente la información relativa a las diferencias en cada Comunidad Autónoma entre la inversión presupuestada por el Estado y la realizada a nivel de inversiones efectuadas y se pide también la publicación de las balanzas fiscales para conocer con transparencia lo que se aporta y recibe desde cada autonomía.
Obligar a la Administración estatal y los órganos Constitucionales estatales a publicar anualmente la relación de todos los bienes inmuebles que son de su propiedad y la utilización que realizan de los mismos y ha facilitar toda la información en "formato abierto y reutilizable" y con "acceso gratuito", son otras de las peticiones de CiU.
Entre otras cosas, quieren que todos los afectados por la transparencia publiquen "su estructura organizativa" dentro de un organigrama actualizado que "permita identificar a los responsables de los diferentes órganos y su trayectoria profesional".