El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que con "urgencia" entre en LexNET para recibir las notificaciones telemáticas, facilitando la interconexión con el sistema Fortuny utilizado por el Ministerio Público, un paso que interpreta como "la verdadera solución" para cumplir con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El CNLAJ ha incluido esta petición entre las conclusiones de su XXX Jornadas de la Fe Pública Judicial que se ha celebrado en Málaga. Según esta asociación, es "esencial" garantizar la independencia de cada una de las partes implicadas --jueces, fiscales y letrados judiciales-- en la clasificación de las causas penales en sencillas o complejas, lo que implica que el plazo de instrucción sea de seis o de 18 meses.
La asociación ha vuelto a reclamar una "compensación retribuida" que considera "debida" debido al "aumento vertiginoso de competencias" atribuidas a los antiguos secretarios con las últimas reformas. También han pedido que se convoquen nuevas plazas para mantener la "respuesta de calidad".
VIOLENCIA DE GÉNERO
El CNLAJ insiste en que es "imprescindible" en la lucha contra la violencia de género que los datos de los procedimientos que deban ser anotados en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) se puedan volcar automáticamente en el mismo desde los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, para así agilizar y facilitar el trabajo de las Oficinas Judiciales.
En este sentido, reclama que se articulen debidamente los sistemas de guardias, especialmente de los partidos judiciales en los que existan varios juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos.
Para combatir este problema, apoya el acortamiento de los plazos de los procedimientos como medida crucial para la seguridad de las víctimas, y el uso de las nuevas tecnologías que permitirá, como LexNET y el expediente digital, plazos más cortos en la toma de decisiones y seguridad personal de las denunciantes, como personas más vulnerables, junto a sus hijos e hijas.
SENTENCIA DEL TC
El CNLAJ se ha referido en sus conclusiones a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 17 de marzo para mostrar su "sorpresa" por sus "importantes imprecisiones". En dicha sentencia, establecía por unanimidad que todas las decisiones judiciales procesales de los secretarios judiciales fueran revisadas por un juez para no vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial y el principio de exclusividad de la potestad judicial.
"No entendemos cómo desde una diligencia de ordenación que aplica un criterio expresamente impuesto por los jueces y magistrados, se puede llegar a enjuiciar todo el proceso de reformas legales de los últimos años, plasmado en la LOPJ y en las leyes procesales", lamentan, recordando que el tribunal de garantías sólo se pronunciaba sobre un caso concreto que afectaba a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.