Ramírez ha sido el segundo acusado en sentarse ante el banquillo de la Audiencia Nacional. Ante las preguntas del teniente fiscal, Fernando Burgos, el comandante médico ha detallado que durante su estancia en Turquía observó que las bolsas con los restos se llegaron a romper y que no se sacaron muestras porque no era el objetivo de su misión y porque nadie se lo pidió.
Asimismo ha reconocido que sólo el general Vicente Navarro tenía fichas y fotos de los fallecidos y ha confesado que el general les dio un listado manuscrito donde se decía que estaban identificados los 62 cadáveres.
Tras señalar que desconoce cómo se hicieron las identificaciones, ha subrayado: "Me dijeron que estaban identificados y no tenía por qué dudar".
Ramírez, para quien el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación, ha insistido en que sus informes se limitaron a anotar quemaduras, amputaciones, estallidos, uniformes y objetos personales.
La defensa del principal acusado
El principal acusado, el general Vicente Navarro, ha asegurado "llevar seis años" preguntándose por qué se produjeron los errores y ha afirmado "no haber encontrado una explicación" a si éstos se debieron a la identificación de los cadáveres, que asumió personalmente, o a "errores en la entrega" por parte de las autoridades turcas. "O porque yo bailo los números o por ambas cosas", ha admitido.
"No me lo explico. He elaborado tres listas, me han bailado números, puede ser. Hubo muchísimas manipulaciones, cambios de saco, cambios de número y cambios de embalaje, ahí debe estar la concatenación (de errores)", ha señalado Navarro.
Además, ha asegurado que el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, únicamente le pidió la "recuperación y repatriación" de los cuerpos pero no su "identificación".
Las cuatro acusaciones particulares han insistido en que declaren el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y los ex ministros de Defensa, Federico Trillo y José Bono. Pero el Tribunal ha rechazado la petición.
Delitos de falsificación de documentos oficiales
Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez están acusados de dos delitos de falsificación de documentos oficiales por los que el teniente fiscal de este tribunal, Fernando Burgos, pide penas de entre 4 años y medio y 5 años de cárcel.
El Ministerio Público solicita además una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los acusados: de 60.000 euros y 5 años para Navarro, y de 24.000 euros y 4 años para Ramírez y Sáez. Les reclama también indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado como responsable civil subsidiario. RSO/ EPF / CGS / EB