El diputado adscrito al Grupo Mixto del Congreso ha registrado su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press con la intención de que se debata en la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja, que es la que se encarga de recibir las demandas ciudadanas y derivarlas a las instituciones correspondientes.
Baldoví recuerda que según la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, de 2001, una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente están obligados a contestar y a notificar la contestación "en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación".
A su juicio, tratándose el Derecho de Petición de un derecho fundamental, es preciso modificar la ley para obligar la Administración a dar contestación en un plazo máximo de un mes "desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver", el mismo que establece la Ley de Transparencia para informar de si se concede o deniega el acceso a los datos solicitados.
Pero Baldoví también plantea que el resto de plazos que rige en el ejercicio del derecho de petición se adapten a los previstos en la Ley de Transparencia, lo que implica una reducción en todos los casos.
Así, demanda que si la solicitud no es lo suficientemente clara el plazo que se da al peticionario para concretarla debería pasar de los 15 días actuales a los diez que fija la Ley de Transparencia.