Así se recoge en algunas de las 32 enmiendas parciales que el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha registrado al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y a las que ha tenido acceso Europa Press.
Baldoví demanda que la ley tenga carácter orgánico al regular el acceso a la información como un derecho fundamental y plantea la inclusión expresa de "la Jefatura del Estado y la Casa Real", aunque con "especiales garantías y limitaciones". Concretamente, las reconocidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos y otras derivadas del mantenimiento de la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales, ámbitos estrechamente relacionados con esta institución.
DAR CUENTA DE LAS SUBVENCIONES
En general reclama que la norma afecte a las "entidades sostenidas con fondos públicos, incluyendo a la Iglesia católica y al resto de confesiones religiosas reconocidas por el Estado". Respecto a los partidos, sindicatos y organizaciones, quiere que se les obligue a dar cuenta del uso que hacen de las subvenciones que reciben de las administraciones públicas.
En cuanto a los contratos públicos, piden que se justifique la adjudicación, que se publiquen también con periodicidad mensual "los contratos menores" y "la concurrencia de requisitos que justifican determinados procedimientos, especialmente el negociado sin publicidad, o las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos".
Además, aboga por realizar un inventario de bienes y derechos de las que son titulares los distintos organismos públicos, porque las administraciones proporcionen toda la información en un formato "abierto y sin limitaciones de copyright de manera que se permita su reutilización pública".
En el capítulo de buen gobierno proponen crear un registro de representantes de grupos de interés ('lobbies'), incluir como infracción muy grave el "incumplimiento deliberado de la legislación vigente" y, en paralelo, eliminar gran parte de las que plantea el Gobierno porque ya hacen referencia al incumplimiento de otras leyes, algo que Compromís considera obvio.
En cuanto al órgano que ha de velar por el cumplimiento de la ley y resolver las reclamaciones que se planteen, defienden que sea "un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúe con plena independencia de las Administraciones públicas.
MENOS LIMITES Y SILENCIO POSITIVO
También apuesta por establecer un plazo de tres meses para resolver y notificar las resoluciones, transcurrido el cual "se entenderán estimadas por silencio administrativo positivo", en contra del silencio negativo que prevé el proyecto del Gobierno. Según el proyecto de ley, si se cumple el plazo máximo para la resolución (dos meses) sin que ésta se haya dictado, se entenderá que es desestimada, abriendo la vía a la presentación de un recurso contencioso administrativo.
En el caso de que la información que se solicita esté en fase de elaboración, Compromís-Equo sugiere que en la respuesta se indique la fecha aproximada en la que se podrá tener acceso a la misma. Asimismo, plantean que las solicitudes no deban ser motivadas
Si la información requerida contiene datos especialmente protegidos en los términos de la normativa de protección de datos personales, piden aplicar un "test de daño", para determinar el interés que se salvaguarda con el límite o si prevalece el interés público en la divulgación. También quieren que cuando la causa para no publicar deje de existir se publique obligatoriamente la información o se fije un límite de tiempo para que deje de ser no publicable.