Ninguna comunidad se suma a la propuesta de Barreda de suprimir las sedes en Bruselas

El Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre ha sido muy crítico con la propuesta de Barreda de que las demás comunidades sigan el ejemplo castellano-manchego y le ha recomendado que deje a cada uno "arreglar su casa", al tiempo que le recordaba que Madrid ha sido la primera en aplicar las medidas de ajuste precisas para cumplir los objetivos de equilibrio presupuestario.

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya dio a entender que su Gobierno mantendrá las delegaciones en el extranjero para garantizar la "máxima integración en el mundo" de esta comunidad, cuya oficina ante la UE data de 2004, aunque la primera representación directa en la capital comunitaria se remonta a 1982.

El Gobierno vasco "ni se plantea" cerrar su sede en Bruselas, donde trabajan una delegada y ocho funcionarios, con un presupuesto de 1,28 millones de euros para 2011, e incluso desea reforzar su presencia para jugar un papel de primer orden en el Comité de Regiones, ampliar su participación en el Consejo de la UE y servir de punto de referencia a todos los vascos con intereses en Europa.

La Xunta gallega no ve necesario suprimir la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas creada en 1988, que emplea a siete trabajadores y cuyo presupuesto para este año es de 714.534 euros -de los que 422.355 son gastos de personal-, y recuerda que la inversión procede no sólo del Gobierno autonómico, sino de varias instituciones de la comunidad.

La Junta de Andalucía estableció su actual delegación en 1995, aunque la primera representación estable data de 1990, y no se ha planteado la supresión de esta oficina, que dispone de 475.000 euros para sus gastos anuales -un 5 por ciento menos que en 2010-, porque la considera "fundamental" para los intereses andaluces, sobre todo ahora que se negocian los términos de la Política Agraria Común.

En Castilla y León, la Junta muestra el máximo respeto por la idea de Barreda, pero no piensa renunciar a su delegación, heredera de una oficina de 1993 -que emplea a tres personas y cuyos gastos se han reducido ya en consonancia con los recortes de la Dirección de Acción Exterior a la que pertenece-, porque permite a todos los castellano-leoneses defender mejor sus intereses en Bruselas.

La Generalitat valenciana defiende el mantenimiento de su representación en Bruselas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, "aprobado con el consenso de las dos principales fuerzas políticas", y subraya que el presupuesto de esta delegación, en la que trabajan 25 personas, no procede sólo de fondos públicos y ya ha disminuido un 21,7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El Gobierno balear disponía de una delegación en Bruselas desde 2001, que ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar reducida a unas dependencias del Centro Baleares Europa, una oficina que sigue la aplicación de las políticas comunitarias a la normativa autonómica y ha reducido sus recursos un 18 por ciento en los últimos cuatro años.

En Canarias, el Ejecutivo regional concede la "máxima importancia" a la oficina que posee desde 1987 y en la que trabajan doce personas, cuya labor, financiada con 300.000 euros al año, produce un "tremendo" beneficio para la defensa de los intereses canarios ante modificaciones de la normativa comunitaria con una incidencia "decisiva" en las islas.

Del mismo modo, la Junta de Extremadura considera "muy importante y útil" el servicio que presta su oficina en Bruselas, con cinco trabajadores y 370.000 euros de presupuesto, que este año es "especialmente relevante" ante la reforma de la PAC, si bien manifiesta su respeto por la propuesta de Barreda, "que puede hacer lo que considere oportuno" con su delegación.

El Gobierno de Navarra, con oficina en Bruselas desde 1993, cuenta con una delegación dotada con 300.000 euros, en la que trabajan dos personas, y defiende su presencia porque gran parte de la política comunitaria se realiza regionalmente, si bien admite la posible necesidad de mejorar la coordinación con la Representación Permanente de España.

La Presidencia del Principado de Asturias invirtió 4,3 millones de euros en la sede que inauguró en Bruselas en 2004, actualmente con seis trabajadores, y no la ve como un problema, sino como "un equipamiento en positivo" para irradiar sus políticas, del que el presidente Vicente Álvarez Areces se siente "muy orgulloso".

El Ejecutivo de Cantabria tampoco se plantea el cierre de su oficina en Bruselas, creada en 1998, por su importancia estratégica para los intereses de la comunidad ante las instituciones europeas. Su objetivo es mantener en el futuro esta representación, que cuenta con cuatro trabajadores fijos y cuatro becarios, y un presupuesto de 209.269 euros para 2011.

El Gobierno murciano considera "fundamental" el papel de una oficina que se creó en 1989 y en la que trabajan una directora y dos técnicos para apoyar los intereses de la región ante las instituciones europeas, si bien es partidario de aplicar criterios de austeridad en su gestión.

Un acuerdo con Ceuta permite además desde hace dos años a esta ciudad autónoma utilizar las dependencias de la representación murciana en la capital comunitaria.

También La Rioja defiende su presencia en Bruselas, a través de una funcionaria que gestiona un presupuesto de 135.756 euros en una oficina de 145 metros cuadrados, como un importantísimo instrumento de trabajo para promocionar la comunidad y defender sus derechos en el caso de las "vacaciones fiscales".

Sobre la propuesta de Barreda no se ha pronunciado hasta ahora el Gobierno de Aragón, que dispone desde 1994 de una delegación con seis personas y un presupuesto integrado en la partida de servicios generales de la Presidencia regional.

La sede castellano-manchega en Bruselas, fundada en 1997 y dependiente de la Consejería de Economía, contaba en 2010 con un presupuesto de 420.000 euros y en ella trabajaban cuatro personas.