La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el acusado, ahora condenado, deberá indemnizar a su hija, actualmente con 26 años, en 60.000 euros por los daños morales. También decreta la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima a una distancia inferior a los 200 metros por un tiempo de 12 años.
A pesar de que Antonio Ramón R.M. negó todos los hechos denunciados por su hija durante el juicio, el tribunal sostiene que los abusos sexuales se mantuvieron desde los nueve hasta los 15 ó 16 años, cuando la menor "tomó conciencia de la trascendencia de los actos" y se negó a seguir aceptando los abusos.
La hija durante el juicio se ratificó todos y cada uno de los extremos de su denuncia, que recoge la sentencia como un hecho probado por tratarse de un "relato fluido, preciso, coherente y creíble". Las agresiones y abusos se mantuvieron durante seis años en los que la joven no denunció por "miedo" y porque se "sentía responsable".
La madre declaró ante el tribunal no haber notado nada en su casa. "No veo capaz a mi marido de hacer eso con su hija", dijo la madre, al tiempo que recordó las veces en que ante los Servicios Sociales de Pozo Alcón reconoció esta situación.
La condena se produce a pesar de que el Ministerio Fiscal mantuvo su decisión de no acusar por falta de pruebas a Antonio Ramón R.M. "No decimos ni que haya ni que no haya ocurrido, pero no ha quedado acreditado", ha dicho el fiscal tras elevar a definitivas sus conclusiones.
"UN SECRETO A VOCES"
La sentencia recoge como "contundentes" los testimonios de la psicóloga forense que determinaron como "creíble" el testimonio de la hija, y del equipo de trabajadores sociales de Pozo Alcón que afirmaron que tanto la madre como el hermano reconocieron las agresiones, algo que se podía considerar como "un secreto a voces".
Por su parte, la abogada de Amuvi que ha ejercido la acusación particular en este caso había pedido 15 años de prisión, pena que finalmente se ha visto reducida hasta los nueve años.
Tras dos intentos de suicidio, los Servicios Sociales consiguieron sacar a la joven del domicilio donde residía con sus padres y sus otros dos hermanos. Con 23 años se fue a una casa de acogida donde comenzó su tratamiento y terapia. Dos años más tarde, presentó la denuncia contra su padre en los juzgados de Cazorla.