El Congreso no hará un informe jurídico sobre la incorporación de España al escudo antimisiles, como había reclamado el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien acusa al Gobierno de haber vulnerado la Constitución al autorizar su despliegue en la base naval de Rota (Cádiz) sin la autorización previa de la Cámara Baja.
Llamazares presentó un escrito ante la Mesa de la Diputación Permanente reclamando un informe jurídico sobre la actuación del Ejecutivo pero este órgano, formado por tres miembros del PSOE y dos del PP, ha acordado por unanimidad en su reunión de este jueves no admitir a trámite la solicitud de IU.
Según ha explicado la vicepresidenta primera de la Diputación Permanente, Teresa Cunillera, formalmente las negociaciones entre el Gobierno español y el estadounidense sobre el escudo antimisiles aún no han finalizado y tendrán que ser, en su caso, las nuevas Cortes que surjan de las elecciones del 20N las que tengan que emitir una opinión al respecto, las que emitan su opinión al respecto.
En el escrito que presentó junto con el BNG, Llamazares sostiene que el Consejo de Ministros "suplantó" al Congreso a la hora de autorizar a los Ministerios de Exteriores y Defensa la puesta en marcha de las medidas necesarias para culminar la incorporación de España al escudo antimisiles.
Por eso demandó que se paralizase todo el proceso hasta que el Congreso se pronunciase al respecto y ya avanzó que si no lograba este objetivo mediante su solicitud a la Mesa de la Diputación Permanente, acudiría a los tribunales.
NI CONSULTA NI MEMORIA JUSTIFICATIVA
Desde su punto de vista, el Ejecutivo ha vulnerado el artículo 94.1 de la Carta Magna y el 155 del Reglamento del Congreso, que establecen que es necesaria una "autorización previa" de la Cámara Baja obligar al Estado por medio de "tratados o convenios de carácter militar".
También observa vulneración del precepto 94.2. de la Constitución, que prevé que el Congreso y Senado sean "inmediatamente informados" de la conclusión de esos tratados o convenios, y subraya que el Gobierno debería haber recabado el aval de las Cortes previo envío a la Diputación Permanente del correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros, junto con el texto del convenio y la memoria justificativa de su decisión.