Organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda, entidades sociales y estudiantes marcharon hoy a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa de Gobierno, para conmemorar el aniversario del golpe que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Los manifestantes renovaron su pedido de "juicio y cárcel común a todos los genocidas" días después de la polémica desatada entre la Corte Suprema de Justicia de Argentina y el Gobierno de Cristina Fernández, que exigió celeridad en las causas contra los represores y sanciones para los jueces que son ineficaces y dejan libres a los delincuentes.
A raíz de la polémica, el Gobierno argentino y el máximo tribunal del país acordaron la reasignación de 36 millones de pesos (9,8 millones de dólares) del presupuesto judicial, lo que permitirá crear unos 750 cargos laborales con los que se pretende reducir los tiempos de tramitación de los juicios.
Las causas se reactivaron en 2003, cuando el Parlamento anuló las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que habían librado de responsabilidades a más de un millar de represores.
"Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo piden que hoy tengamos esa justicia", aseguraron los oradores de la movilización, mientras las mujeres de pañuelo blanco portaban una extensa bandera con los rostros de sus hijos, desaparecidos durante el gobierno de facto.
Según los organismos humanitarios, el número de desaparecidos se eleva a 30.000, pero oficialmente solo se reconocen unos 18.000.
En la actualidad 1.254 personas están involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, aunque "poco más del 40 por ciento están procesados y apenas 48 fueron condenados", según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundido hoy.
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a unas 300 agrupaciones de derechos humanos, responsabilizó por su parte a la Justicia y al Gobierno de la "lentitud" con la que marchan las causas contra los represores.
Las organizaciones de derechos humanos también reclamaron la "aparición con vida" de Jorge Julio López, convertido hace 30 meses en el "primer desaparecido en democracia" luego de haber sido un testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, cuya condena a prisión perpetua fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, según informaron hoy fuentes judiciales.
"El 24 de marzo es una fecha en la que se atacó y se quiso destruir la patria y donde hubo miles de hombres y mujeres que la defendieron con su propia vida", sostuvo la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Por su parte, la titular de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Adriana Calvo, dijo a Efe que "hoy es un día de memoria con el recuerdo terrible de lo que fue aquel 24 de marzo".
Calvo manifestó también su "alegría" por el hecho de que la marcha en conmemoración del golpe y en homenaje a las víctimas de la dictadura se mantenga desde hace 14 años.
Los actos para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se extendieron hoy a todo el país con marchas, muestras, exhibición de películas y obras de teatro y jornadas de reflexión.
En provincia de Córdoba se abrió al público "La Perla", uno de los mayores centros clandestinos de detención que funcionó durante los denominados "años de plomo" en el país.
En Buenos Aires, activistas de organismos humanitarios y artistas comenzaron anoche una "vigilia" del aniversario del golpe precisamente frente a los tribunales, bajo la consigna "en defensa de la vida y contra la pena de muerte".
Además, los gobiernos de la mayoría de las provincias llevaron adelante actos de recordación, aunque la presidenta argentina no tiene previsto actividad oficial para este 24 de marzo, que en 2006 el Parlamento resolvió declararlo día no laborable.