El gobierno reduce la cuantía de las tasas judiciales. Esta reducción solo es aplicable a los ciudadanos, no a las empresas. Por ejemplo, un divorcio convencional, que antes costaba 240 euros, pasa a valer 168 euros y para recurrir una multa de 100 euros ahora habrá que pagar 50 euros, en lugar de los 200 euros que costaba antes. En este último caso, la reducción se debe a que las tasas en reclamaciones por sanciones administrativas no podrán superar el 50% del precio reclamado.
Con esta rectificación de la Ley de Tasas, que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, quedan exentos del pago los divorcios de mutuo acuerdo y los juicios por desahucio, así como los beneficiarios de la justicia gratuita, a los hoy se incorporan las víctimas de violencia de género y de accidentes graves.