El Consejo de Transparencia tramitará las reclamaciones de Asturias y Castilla-La Mancha

Así lo ha anunciado el Consejo, que ha avanzado además que ultima acuerdos similares con otras tres comunidades autónomas y con la ciudad de Ceuta.

La Ley de Transparencia recoge en su artículo 24 que los ciudadanos podrán interponer una reclamación contra una resolución relacionada con el derecho a saber y contempla que las comunidades autónomas puedan atribuir esa función al Consejo estatal.

Así, será este órgano el que tramite las reclamaciones cuando los ciudadanos consideren que sus peticiones de información pública no han sido satisfechas --bien porque se les deniega o porque no reciben respuesta--.

Los convenios los han firmado Esther Arizmendi, como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y, en el caso de Castilla-La Mancha, su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, y en representación del Principado de Asturias, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.

Estos acuerdos incluyen a la administración institucional autonómica, órganos públicos, 997 ayuntamientos, cinco diputaciones provinciales, 149 mancomunidades y 81 entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).

El Consejo de Transparencia considera que la decisión de estos gobiernos autonómicos "representa un ejercicio de confianza y un reconocimiento a su independencia, acreditada en su primer año de funcionamiento, además, significa un ahorro considerable del gasto público" para las firmantes.

982 INICIATIVAS CIUDADANAS EN 2015

El órgano estatal ha subrayado además que en 2015 cumplió todos sus objetivos. Entre otras cosas, en su primer año de actividad, recibió 982 iniciativas ciudadanas, de las que 517 fueron reclamaciones de ciudadanos que no estuvieron de acuerdo con la respuesta que han recibido de la Administración o que no han obtuvieron contestación.

Entre las reclamaciones que han dado la razón al ciudadano, destacan el acceso al plan de medios de publicidad institucional del ICO, los gastos de las embajadas, la declaración de intereses de los miembros del plan estratégico para la hepatitis C o el informe relativo a la restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela.

También las hubo relativas a retribuciones de empleados públicos, las empresas que han recibido el mayor importe por el mecanismo de pago a proveedores, las reuniones del Ministerio de Industria con empresas del sector tabaquero, acceso a la base de datos sobre reacciones adversas de medicamentos o la información justificativa sobre los fondos recibidos por la Iglesia Católica.