El órgano consultivo de la Generalitat se ha pronunciado a instancias del PP catalán, que pidió dictamen sobre la Ley de Medidas Fiscales y Financieras porque consideraba estas estructuras contrarias a la Constitución y a la norma catalana.
Las estructuras de Estado impugnadas son el plan director de la hacienda catalana; inventariar los bienes públicos catalanes ante una "eventual división de activos y pasivos" con el Estado; crear la seguridad social catalana; impulsar una sindicatura electoral; preparar la autoridad catalana de la competencia y el organismo que vele por la seguridad nuclear.