En una nota remitida a los medios de comunicación, el órgano consultivo señala que en este caso el ERE es nulo por "déficit de procedimiento" (omisión de algunos trámites esenciales), pero incide en que esto no tiene por qué "afectar a los trabajadores que reunían los requisitos para acceder a este tipo de ayudas".
Para argumentarlo, recuerda el largo tiempo que ha transcurrido desde que se materializaron las ayudas a los trabajadores (más de diez años) y apunta que en ese asunto deben aplicarse "los principios generales de Derecho, relativos a la seguridad jurídica y a la confianza legítima de los ciudadanos respecto de los actos firmes de la Administración".
En cambio, con respecto a los denominados 'intrusos' del ERE, según el Consejo Consultivo "el inciso final del dictamen deja claro que no puede aplicarse la misma solución, en el entendimiento de que lo procedente es que devuelvan a la Administración el dinero recibido de manera fraudulenta".
De hecho, la nota del Consejo recoge textualmente lo que señala el dictamen de la Comisión Permanente al respecto, avalando lo dicho en la propuesta de resolución de la Administración, y acordando que procede tramitar el "correspondiente procedimiento de reintegro para paralizar el cobro de las prejubilaciones fraudulentas y proceder a la devolución de las cantidades en su caso indebidamente percibidas, con independencia de las responsabilidades penales que en su día determinen los tribunales".
La aclaración del Consejo se produce después de que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, pidiera la pasada semana en el Parlamento explicaciones a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre el archivo del procedimiento de revisión de oficio sobre las subvenciones concedidas a los extrabajadores de Hitemasa en 2012 que, según el Consultivo, sólo se limita a aquellos que las percibieron reuniendo los requisitos exigidos, y no a los 'intrusos'.