La declaración institucional se remite al 15 de octubre de 2015, cuando las Corts aprobaron instar al Consell a elaborar una declaración formal y pública de reprobación de los políticos condenados en casos de corrupción, señalando que ésta "afecta directamente a la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad y distorsiona el normal funcionamiento de la economía".
El texto recuerda que "los diversos casos de uso delictivo de los recursos públicos y de utilización espúrea del poder político que a lo largo de los últimos años ha padecido la Comunidad Valenciana han repercutido muy negativamente en la estima y la imagen de nuestro pueblo". Además, "la cultura de la sospecha que se ha generado como consecuencia ha desgastado las relaciones sociales" e impedir que esto vuelva a ocurrir "es responsabilidad de las instituciones y administraciones públicas" y requiere del apoyo y la participación de los ciudadanos y los agentes sociales.
La declaración hace un llamamiento a ayuntamientos, diputaciones, universidades y agentes sociales para que asuman el contenido del texto y "perseveren en la prevención, denuncia y erradicación de este tipo de conductas ilegítimas", al tiempo que anima a los ciudadanos a participar en esta tarea y agradece la colaboración en cuestiones como la retirada de placas honoríficas de cargos condenados.