CSI.F ha indicado que este recorte del salario bruto individual y la supresión de la paga extra de Navidad --que supone "un 7 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos"--, "implicaría una agresión brutal a más de 70.000 familias en nuestra región", según ha informado este sindicato en nota de prensa.
Así, han argumentado que de no anularse esta medida Castilla-La Mancha sería la única región en donde se aplicarían dos "sanciones salariales" y "dos quebrantos económicos a los empleados públicos".
Por esta razón, el sindicato ha exigido al Gobierno regional que "busque la fórmula para no aplicar este medida abusiva", modificando "el Plan de Garantías o aprobando un nuevo decreto que garantice la no aplicación del recorte salarial".
Este sindicato ha indicado que "si se anulara este recorte", la Junta "seguiría la línea con lo aprobado por otras comunidades autónomas de distinto signo político como Madrid o Andalucía".
Finalmente, CSI.F ha instado a Cospedal a que "deje de convertir a Castilla-La Mancha en un laboratorio de ensayo de recortes para miles de funcionarios, laborales y estatutarios de las administraciones públicas, con la excusa de cumplir el déficit".