Sanz Roldán, que fue el máximo responsable de la cúpula militar en la época de José Bono, ha afirmado que el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, le dijo el 29 de junio de 2004 que los mandos militares propusieron al Ministerio de Defensa, un día antes del funeral de Estado, que se entregaran los cuerpos de los militares identificados a las familias y demorar los demás.
Según ha relatado Sanz Roldán, Alejandre le concretó que en una reunión celebrada el día antes del funeral de Estado (28 de mayo de 2003), en un despacho anexo al del entonces ministro Federico Trillo había recibido la noticia de que no todos los cuerpos estaban identificados al llegar a España.
Esta versión ha sido inmediatamente negada por el que fuera jefe de gabinete del ministro de Defensa Federico Trillo, Manuel Ramón Bretón, quien ha dicho: "no recuerdo absolutamente nada de eso. Yo no le oí decir eso".
Ha relatado que tras regresar de Turquía el día 27 de mayo, celebraron un consejo de Dirección donde "se tomaron las primeras decisiones sobre la necesidad de llevar a cabo funeral de estado y se concretó cómo debía hacerse".
Lo que sí quedó claro en aquella reunión, según Bretón, era que "había que hacerlo cuanto antes pero cuando llegaran los cuerpos".
Tras su interrogatorio, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, a instancias de la defensa del general Vicente Navarro, ha ordenado citar a Alejandre para que declare el próximo 31 de marzo.
Preguntado en los pasillos del Congreso, Federico Trillo ha eludido hacer declaraciones sobre el desarrollo del juicio.
También ha declarado como testigo en la sesión matinal el ex cónsul de España en Turquía, Raimundo Ezquerro, quien ha dicho que "entendí que estaba completada la identificación de los 62 militares cuando se los llevaron a Madrid".
Sin embargo, la parte más emotiva de la jornada de hoy la protagonizaron los familiares de los militares fallecidos.
Entre lágrimas y sollozos, siete familiares han expresado el dolor vivido al recibir los restos equivocados de sus parientes y han denunciado que sufrieron "engaños" y "maltrato psicológico" por parte de los responsables del Ministerio de Defensa.
Teresa Jiménez, esposa del brigada fallecido Juan Carlos Jiménez, ha explicado que le entregaron "el ataúd cerrado" el día del funeral y ante sus sospechas sobre los restos recibidos de su marido en Defensa "nos respondieron que estuviera tranquila: Juan Carlos ha sido bien identificado".
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2004 le llegó la comunicación formal del error y en noviembre obtuvieron sus cenizas, que volvieron a enterrar.
Amparo Gil, madre del sargento fallecido Francisco Cardona, también ha recordado que le negaron su petición de abrir el féretro el día del funeral.
"Dudé desde el principio de que me hubieran entregado los restos de mi hijo. Mi corazón sabía que no teníamos a mi hijo", ha declarado Amparo entre lágrimas.
Carlos Perla, hermano del comandante Perla, ha declarado que en el funeral no solicitó abrir el ataúd de su hermano porque en ese momento no tenía dudas sobre la identificación,
Alfonso Agulló, hermano del cabo primero Vicente Agulló, ha subrayado que sus sospechas sobre la identificación le llegaron cuando le comunicaron el 27 de mayo de 2003 que el funeral de Estado se iba a celebrar al día siguiente.
Ha asegurado que "nunca" recibió contestación a las cartas remitidas a Defensa pidiendo información sobre su hermano.
José Antonio Alarcón, hermano del sargento primero Francisco Alarcón, ha recalcado que solicitó en varias ocasiones al general Vicente Navarro, principal acusado, documentación sobre la identificación de su hermano, recibiendo como respuesta que estaba siendo "manipulado por la prensa y que las identificaciones erróneas eran una patraña ante las elecciones".
Carlos Ripollés, hermano de otro de los militares fallecidos, ha asegurado que "se dieron órdenes para enterrarlos de noche como si fueran perros o terroristas".
Se ha quejado de que les entregaron los restos de sus familiares sin ningún tipo de documentación, ni de certificado de defunción, "sólo una caja con una chapa y nada más".
La última testigo en comparecer hoy ha sido Rosario Benítez, viuda del comandante veterinario José Antonio Fernández, que ha recordado que habló con el general Navarro un mes después del accidente y le dijo que pudo identificar "perfectamente" a los militares.