La carta, recogida por Europa Press, está fechada el lunes y enviada a interventores y secretarios de ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, a los que la delegada recuerda que son los primeros garantes del ordenamiento jurídico vigente y la legalidad.
De Luna se pone a su disposición, les recuerda que tanto la Ley de Consultas como la convocatoria del 9N están suspendidos cautelarmente por el TC, y añade: "Todos los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales y colaborar en su ejecución".
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller Francesc Homs ha considerado que la delegada apela así al discurso del miedo, y ha instado al Gobierno central a no meter "en medio de un debate político" a los empleados públicos.
Homs está convencido de que actúan correctamente los ayuntamientos que han designado a un coordinador municipal sobre el 9N y que han enviado a la Generalitat una lista de puntos de votación.