Desestimada la demanda por perjuicios de indemnización para la familia de una víctima del derrumbe del Bazar España

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla ha emitido sentencia mediante la cual ha desestimado la demanda formalizada por la familia de Ana María Barroso Albarrán, una de las cinco víctimas mortales del caso del derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 en la capital hispalense, después de que una indemnización propiciara que Hacienda les reclamara un montante de unos 40.000 euros por haber sido declarada como si se tratase de una subvención del Ayuntamiento a estas familias.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes del caso, que han confirmado, por otro lado, la presentación por parte de los demandantes de un recurso que verá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La familia apunta al Consistorio hispalense después de que la corporación local elevara un escrito ante el juzgado en el que exponía su oposición a asumir pago de ningún tipo, bajo el razonamiento de que la administración no debe pagar impuestos de la familia y que la intención municipal fue en todo momento la de ayudar a los perjudicados.

Según la representación de los allegados a la fallecida, fue ésta la primera vez que el Ayuntamiento expresa una postura oficial, en este caso de negativa, ante las pretensiones de los afectados de que la corporación municipal pudiera asumir algún tipo de responsabilidad ante lo sucedido.

La demanda de los parientes de la joven se basa en el coste fiscal que para los Barroso Albarrán tiene el "error administrativo" de tramitar la indemnización como una subvención, "ya que a nadie se le subvenciona la muerte de un hijo".

De hecho, la representación legal de la familia critica que cuando el 20 de enero de 2009 se pidió por vía administrativa al Ayuntamiento --que llegó a admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial de la familia-- el pago de los daños no hubo ningún tipo de respuesta.

La vertiente judicial ya dio la razón a Hacienda, "que cumplía con su deber, pues si se tramitó la ayuda como subvención ésta está sujeta al IRPF", según ya señaló a Europa Press la madre de la joven, Ana Albarrán, que culpó al Consistorio de lo sucedido. Sobre el otrora alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín --que aseguró en su día que la fórmula utilizada para el pago fue la que le aconsejaron los técnicos--, recalcó que "como político y como persona" le ha "decepcionado".

Albarrán, asimismo, apostilló que no tiene "nada que perder" en un caso en el que pretende reclamar los daños derivados de la liquidación de Hacienda, y en el que "ha habido más familias perjudicadas".