El auto dictado por los magistrados Guillermo Ruiz-Polano, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada tras celebrarse la comparecencia, con el voto discrepante de este último, desestima los argumentos de la defensa, que defiende la prescripción de los hechos imputados a Fuentes Villota, detenido en 2012 en Liverpool tras permanecer varios años fugado.
La Sala señala que "la existencia misma de la fuga del procesado de España ylas elevadas penas que se solicitan para él son razones suficientes para presumir un nuevo riesgo de fuga" en caso de que se accediera a su libertad tal y como solicitaba su abogada.
Alude además a la doctrina jurisprudencial para no entrar a valorar la prescripción al calificarse los hechos conforme al Código Penal de 1995 como un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con un delito de atentado porque la defensa "además de no haber centrado el debate en él, en ningún caso cabría".
UN JUEZ DISCREPA
En su voto particular, el discrepante De Prada señala que en este caso la pena legal máxima imponible al delito es la reclusión menor, por lo que el delito debería haberse tenido por prescrito y la causa contra él archivada. Este magistrado aboga por su puesta en libertad al apreciar en la actualidad un menor riesgo de fuga del miembro de ETA.
El 7 de mayo de 2013 un tribunal de Reino Unido autorizó la extradición a España del etarra Raúl Fuentes Villota, requerido por las autoridades españolas, entre otros delitos, por intentar colocar en 1991 un artefacto explosivo en un vehículo de la Policía Nacional en Baracaldo (Vizcaya).
El juez Nicholas Evans, del Tribunal de Magistrados de Westmister, se refirió a España como "socio" para autorizar la extradición de Fuentes Villota, detenido el 16 de noviembre de 2012 en Liverpool tras años fugado. Era uno de los terroristas más buscados por las fuerzas de seguridad y se le considera responsable de varios asesinatos.
El acusado, que se fugó en 1995 aprovechando una libertad condicional, alegó ante el tribunal que sufrió torturas por parte de las fuerzas de seguridad española en 1991 y denunció, entre otros abusos, la introducción de lápices entre las uñas.
En vista de las pruebas presentadas, Evans consideró "probable" que Fuentes Villota sufriese algunos de los tratos mencionados, pero se mostró "convencido" de que no fue "torturado" bajo custodia en España. En este sentido, dejó cualquier examen en profundidad sobre las supuestas torturas en manos de los tribunales españoles.
ATENTADO EN BARAKALDO La Audiencia Nacional le reclamaba por una sola causa, relacionada con su participación en un atentado cometido el 6 de junio de 1991 en Baracaldo (Vizcaya) cuando el 'comando Matalaz', en el que estaba integrado, fue interceptado por dos agentes de Policía Nacional en el momento en el que intentaban colocar una bomba-lapa.
En el marco de este procedimiento,Fuentes Villota está imputado por los delitos de atentado en concurso con un asesinato terrorista en grado de tentativa, depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. Fue detenido entonces junto con los otros cinco componentes del 'comando Matalaz': Raul Alonso Alvarez, Juan María San Pedro Blanco, Germán Urizar de Paz, Asier Quintana Zorrozua y Laurentz de la LLama Vega.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el día de los hechos Fuentes Villota fue interceptado por los agentes en la calle Landabeko de Baracaldo cuando, en compañía de los etarras Germán Urizar y Jon Mirena San Pedro, pretendía colocar un artefacto explosivo en los bajos de un policía nacional que vivía en esta calle.
A LAS ÓRDENES DE 'GADAFI'
Los detenidos, que portaban tres pistolas y un artefacto explosivo cargado con dos kilos de amonal, actuaban a las órdenes del histórico etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que les entregó el artefacto explosivo para que cometieran el atentado.
Fuentes Villota quedó en libertad provisional, junto a los otros cinco, tras cumplirse el máximo legal permitido en prisión preventiva sin que hubieran sido juzgados.
El Ministerio del Interior vincula a Fuentes Villota con al menos tres asesinatos que acabaron con las vidas de un trabajador de la empresa Iberduero y militante de UGT, un policía nacional y un guardia civil. También se le relaciona con otros dos en grado de tentativa y un atentado con coche bomba en Cantabria.