En esta tercera fase de la operación, como hemos informado, han sido detenidas 32 personas en 13 provincias de España, entre ellas el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio, destituido como jefe del servicio provincial de Carreteras a cuenta de su arresto; el funcionario ya jubilado de la Diputación Elías Oliver; y Antonio Miguel Ruiz Carmona, exasesor de una de las áreas de gobierno del que fuera primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA). En la causa judicial también figuran como imputados, entre muchos otros, el exasesor del Grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño, quien incluso estuvo en prisión, y el exconcejal del PP de Sevilla Joaquín Peña, cesado en su momento como director del área de Medio Ambiente a cuenta de este extremo.
Mientras la juez Mercedes Alaya, que desde el Juzgado de Instrucción número seis comanda la investigación, ha enviado a prisión eludible con fianza a Carlos Podio y ha puesto en libertad con cargos a Elías Oliver, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha informado este jueves de que la institución provincial se ha personado ya en las diligencias que dirige la juez Alaya.
Villalobos y el diputado Manuel González han expuesto que el Gobierno provincial ha dado cuenta de todo lo sucedido y de las medidas adoptadas en su junta de gobierno, la junta de portavoces y la junta de personal, con lo que ha defendido que La Diputación está "colaborando con la Justicia para esclarecer un hecho de este tipo", toda vez que sobre Carlos Podio pesa además un expediente disciplinario.
Finalmente, ambos han manifestado el "malestar" de la institución por el impacto de esta operación policial en términos de imagen, pues "la cobertura mediática que tuvo la Diputación, a diferencia de otros territorios donde hubo más de un afectado por el caso, fue extraordinaria", toda vez que en total fueron 32 los detenidos en 13 provincias españolas.
Finalmente, el diputado de Empleo e Innovación ha señalado que desde la administración apoyarán "cualquier tipo de medida que la Justicia determine" y que entregarán en tiempo y forma "todo aquello que nos demanden". A la vez, desde la administración también indagarán y analizarán "todos los expedientes que la justicia crea convenientes".