El concejal de Espacios Ciudadanos del Ayuntamiento de Santiago, Jorge Duarte (Compostela Aberta), ha sido citado a declarar el próximo 15 de febrero en calidad de investigado --la figura que sustituye a la imputación-- por un supuesto delito de prevaricación por trato de favor o trato desigual a locales de ocio de la capital gallega.
Lo ha confirmado él mismo en una rueda de prensa convocada de urgencia en el Consistorio compostelano apenas dos horas después de recibir la citación por parte de la Fiscalía, en la que ha comparecido él solo ante los medios de comunicación.
"Desde el primer momento quise ser transparente con el caso, por eso estoy aquí nada más recibir el auto (de citación por parte de Fiscalía), intentando dar cuenta de la información y ser claro y transparente", ha enfatizado Duarte, quien también ha indicado que pedirá un adelanto en la fecha de su declaración para "aclarar el tema cuanto antes".
Si bien ha dejado claro que no piensa dimitir, toda vez que tiene "la conciencia muy tranquila", sí ha avanzado que planteó al alcalde, Martiño Noriega, que analice la posibilidad de traspasar a otro concejal sus competencias en Licencias y Disciplina Urbanística.
"Es importante garantizar a la ciudadanía la mayor confianza", ha justificado, para explicar que su movimiento busca "que el proceso no afecte al funcionamiento del servicio". Además, ha aseverado que todavía no recibió respuesta del regidor, quien, precisamente, declinó atender a los periodistas en relación a este asunto hasta el viernes.
NO DIMITIRÁ
Preguntado sobre si ha pensado dejar el cargo, Jorge Duarte ha sostenido que "no" tanto porque tiene "la conciencia muy tranquila" como porque su situación no se enmarca en ninguno de los supuestos que marca el código ético de Compostela Aberta.
En concreto, en el punto 3.7, este documento impone la obligación de dimitir ante "la imputación" por "delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con fondos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".
"Se habla de prevaricación por motivos económicos (en el código ético) y este caso es por trato desigual entre unos locales y otros", ha argumentado, no sin reivindicar que "siempre" pensó que "todo lo que se hizo estaba plenamente justificado".
DILIGENCIAS ABIERTAS
El caso arrancó el pasado mes de septiembre, cuando Fiscalía decidió abrir diligencias para averiguar si Jorge Duarte había cometido trato de favor con algunos establecimientos de ocio nocturno de la ciudad a raíz de una denuncia.
El Ministerio Público persigue, por tanto, esclarecer si ciertos locales no llegaron a ser multados --por exceso de aforo o de ruido y por incumplimiento del horario de cierre, entre otros aspectos-- por una actuación arbitraria del edil.
Cuando trascendió la noticia, Duarte aseguró que el ayuntamiento estaba cumpliendo la normativa de sanciones y cierre. En cambio, un grupo de bares y pubs protestó por, precisamente, un "rigor excesivo" a la hora de hacer cumplir las ordenanzas.