Lo ha dicho en un acto electoral en Olot (Girona) este martes después de que concluyera el plazo para hacer frente a una fianza de 5,25 millones de euros por la presunta responsabilidad contable de Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.
"A todos los del 9N ya se nos juzgó por la vía penal, se nos ha inhabilitado y nos han multado. Y ahora hacen salir otros organismos que nos quieren echar de casa si pueden", y ha dicho que se quiere poner a los que no están en primera línea política dentro del proceso penal del 1-O.