El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el Gobierno central "podría haber caído en la tentación" de intentar "reforzarse" con la "firmeza antiterrorista", como ha ocurrido con François Hollande, cuya valoración política estaba "en franco deterioro" antes de su reacción contra los atentados de París.
Además, ante la petición del PP, que ha pedido al gabinete Urkullu que "deje de ser un agitador político y social" así como "un Ejecutivo disidente", Erkoreka ha aclarado que "no es que el Gobierno vasco esté siempre a favor de los mismos" sino que defiende "los derechos humanos y fundamentales".
En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Erkoreka ha considerado que "todo el mundo tiene la percepción de que Hollande es más fuerte después de la manifestación del domingo" contra los atentados terroristas de París que antes.
"Todo el mundo tiene la percepción de que, una figura política que estaba en franco deterioro desde el punto de vista de la valoración de los franceses, ha obtenido un cierto reforzamiento como consecuencia de los acontecimientos que han tenido lugar en Francia y de la reacción institucional que él ha sido capaz de organizar o de simbolizar", ha añadido.
A su juicio, "esa tentación podría existir también en el Estado español". "Que las formaciones políticas más vinculadas tradicionalmente con la idea de la firmeza y la fortaleza en la lucha antiterrorista, quieran recuperar ese discurso para ofrecer un determinado perfil electoral, en un año en el que las citas con las urnas están teniendo importancia", ha añadido.
Tras señalar que "algunas acusaciones de este tipo están circulando ya", ha manifestado que al Gobierno vasco "no le corresponde hacer ese tipo de acusaciones o análisis". Por eso, el Ejecutivo de Urkullu, cuando se ha desarrollado la operación 'Mate' de la Guardia Civil, ha sido "más cauto" y ha querido "operar estrictamente sobre la base de las resoluciones, de las imputaciones, de los cargos que existen en este caso, que es algo que todavía se exige".
"Lo que sabe el Gobierno vasco, lo sabe a través de los medios de comunicación, no porque alguien desde alguna plataforma se lo haya comunicado, pero todavía no conocemos cuál es la resolución que va a dictar el juez de la Audiencia Nacional en relación con este asunto, ni las imputaciones ni los hechos que se les imputan concretamente, ni tampoco las calificaciones jurídicas que, a juicio del juez, justifican la iniciativa. No sabemos nada", ha indicado.
Sobre la acusación de "deslealtad" al Ministerio de Interior, ha manifestado que han tenido también que llamar la atención en cuanto al hecho de que, si las imputaciones "no son solo terroristas, si tienen que ver también con otro tipo de delitos económicos como fraude fiscal o fraude en la Seguridad Social o blanqueo de dinero", era "más justificada" la necesidad de "recabar la colaboración de la Ertzaintza" que si el operativo hubiera sido solo antiterrorista.
Josu Erkoreka ha señalado que, por ello, este martes apeló a la "lealtad institucional" y se pidió que "se contara también con las instituciones autonómicas en un ámbito en el que tienen mucho que decir y actuar".
En este contexto, ha recordado que en Euskadi la persecución del fraude fiscal "se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de las propias instituciones". "Y que se prescinda de esas instituciones cuando lo que está en juego es una imputación que parece que apunta hacia la existencia de delito fiscal, llama particularmente la atención", ha indicado.
También se ha referido al hecho "llamativo" que, un día después de la operación 'Mate', la Guardia Civil se presente en la Hacienda guipuzcoana para solicitar datos. "Es algo chocante, que llama más la atención aún, y que incrementa un poco los motivos de nuestro malestar y nuestra denuncia", ha añadido.
Erkoreka ha recordado que se ha acusado al Gobierno vasco de "beligerancia contra el Gobierno central y, al mismo tiempo, desde el extremo contrario", se le ha criticado por "la tibieza respecto" al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Tras apuntar que, en este caso, el Gobierno no es que tenga "que estar en favor o en contra de abogados defensores filoterroristas, por utilizar la expresión del ministro de Justicia", ha recordado que "tiene un compromiso con la paz, con la normalización, con la defensa ultranza de los derechos fundamentales y sus tomas de posición en relación con este tipo de asuntos, ahora y en el futuro van a rondar siempre en torno a estos valores", ha añadido.
En su opinión, "aquí hay una serie de principios que tienen que ver con la presunción de inocencia, con las garantías judiciales, que, en este caso, podía haberse visto alterados o ignorados, y el Gobierno vasco quiere llamar la atención sobre esto, quiere actuar con prudencia y pide que, cuanto antes, se produzca la resolución judicial que permita a todos conocer exactamente cuáles son los cargos que se imputan a estas personas, cuáles son los hechos que se les atribuyen y las calificaciones jurídicas que esgrime el juez".
"Y mientras la resolución judicial se retrase, es difícil hacer una valoración ponderada y equitativa, pero, mientras tanto, es lógico que el Gobierno cierre filas en la defensa de los derechos fundamentales y de su compromiso con el Plan de Paz y Convivencia que está ejecutando", ha añadido.
Josu Erkoreka ha subrayado que, en los programas del Plan, los responsables de la política penitenciaria "tienen algo que hacer y se les invita a que atenúen los rigores de la política penitenciaria, a que eliminen los elementos de excepcionalidad que todavía la inspiran y que están animando esa política penitenciaria y muchas de las decisiones que se adoptan en su seno".
"Y, en el otro lado, se insta también a quienes todavía están manteniendo viva la llama de ETA a que pongan las bases para que se pueda apuntar en el tiempo más breve posible a un fin ordenado de ETA que descanse sobre la entrega de las armas completa y verificada", ha indicado.
A su juicio, "aquí hay mandatos para todos, y el Gobierno se aferra, una y otra vez, a los compromisos y principios defendidos en este Plan de Paz y Convivencia, que si todos se comprometieran con ellos, el escenario podría ser muy distinto".
DESCUENTO DE PENAS
Erkoreka ha subrayado que "el Estado español ofrece una resistencia numantina a la incorporación" de las decisiones marco de la UE al Derecho interno español, como el descuento de la penas cumplidas por presos en otros países europeos.
"Nos encontramos con un Estado que, primero, retrasa durante cuatro años la trasposición al Derecho interno de las decisiones marco y, en segundo lugar, nos vemos con una trasposición que los que parece pretender es neutralizar los efectos de la propia decisión marco europea", ha añadido.
En su opinión, "parece que va en sentido directamente contrario y lo que pretende es, en lugar de facilitar la socialización de las personas privadas de libertad, justo lo contrario, cargar los elementos punitivos y sancionadores de las penas hasta el máximo extremo posible".
Ha recordado que el Tribunal Supremo ya había hecho un pronunciamiento el pasado año en el caso de Urrusolo Sistiaga, que, a su juicio, era "un camino razonable, adecuado, en sintonía con lo que preconizan las decisiones macroeuropeas".
"El Gobierno vasco no es que esté necesariamente tomando decisión siempre en favor de los mismos, el Gobierno vasco se posiciona en favor de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y de los principios que inspiran el Plan de Paz y Convivencia. Y en ese contexto, nos parecía que esa lectura de marzo del año pasado, era la positiva. Desafortunadamente el Supremo ha cambiado de criterio", ha dicho.