El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) celebrará este lunes un Pleno extraordinario para elegir a la persona que sucederá a José María Fernández, de Ciudadanos, al frente de la Alcaldía después de que éste fuera imputado por una denuncia del PP a cuenta de anomalías detectadas en los contratos municipales formalizados con cargo al programa autonómico de Ayudas a la Contratación de personas en exclusión social.
Según las fuentes municipales consultadas por Europa Press, Olga Hervás, hasta hoy primera teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Hacienda y Economía, será previsiblemente la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía.
Hervás, quien ejerce ya como alcaldesa accidental a cuenta de la renuncia de Fernández, será así previsiblemente proclamada como nueva regidora, dado que los socialistas prevén mantener el acuerdo de gobierno alcanzado con Ciudadanos y gracias al cual gestionan las delegaciones municipales de Obras, Servicios, Cultura y Festejos, Movilidad y Salud y Turismo.
El asunto parte de una vecina que se había declarado "en huelga de hambre" al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios.
EL CASO ESPARTINAS
Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección.
El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno, de su lado, que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin "intromisión" alguna.
Tras revisar el procedimiento de selección, no obstante, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones entonces ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", elevando el PP una denuncia a los tribunales, porque "el Gobierno local realizó 18 contrataciones a sabiendas de que el propio secretario de la corporación advertía en un informe con fecha 15 de septiembre de que se retrotrayeran las actuaciones, pues no se habían respetado los plazos de alegaciones".