En declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante el magistrado instructor, Miguel Pasquau, ha indicado que explicará a lo largo de la mañana en sede judicial su gestión al frente de la Consejería de Hacienda y ha mostrado su confianza en que "quedará todo aclarado".
Además, ha recordado que ya compareció por el mismo asunto en la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento andaluz, donde aclaró su papel, según ha indicado, por lo que ahora declarará "con total tranquilidad".
Como anécdota, al ver al grupo de periodistas que la esperaban a la puerta del TSJA, ha bromeado sobre esa "expectación" afirmando que se sentía "como Elizabeth Taylor haciendo el paseíllo".
Martínez Aguayo ha declarado en el TSJA después de que este martes lo hiciera el exconsejero de Economía e Innovación Antonio Ávila, que aseguró que no tenía "nada que ocultar" y defendió su "honestidad" tras 17 años trabajando en la administración pública.
Tras estos dos exconsejeros, llegará a la sede del Alto tribunal andaluz, también a declarar de forma voluntaria, Francisco Vallejo, el próximo 15 de abril a las 11,30 horas.
El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, citó a estos tres aforados --todos los imputados a excepción de Manuel Recio-- "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Alaya.
El TSJA argumentó que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas --tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala--, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".
Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostuvo el TSJA.