Rafael Cifre, expresidente de la escuela coral 'Virelai' del municipio de Quart de Poblet (Valencia), ha reconocido este lunes haber abusado sexualmente de un menor de 12 años hace dos años durante un viaje a Austria. Tras la confesión, ha aceptado una pena de dos años de prisión, dos años y medio de libertad vigilada, seis meses de inhabilitación e indemnización de 5.000 euros.
Así lo ha explicado a los medios de comunicación el abogado de la familia del menor, después de la vista que se ha celebrado en la Audiencia Nacional una vez que las partes han llegado a un acuerdo de conformidad al rebajar la condena de dos delitos de abuso sexual a uno continuado.
La Fiscalía reclamaba 10 años de prisión para el expresidente, mientras que la acusación particular elevaba su petición hasta los 12 años. Sin embargo, a última hora los abogados de la defensa y de la familia del niño han propuesto un acuerdo al Ministerio Público que éste ha aceptado.
El acuerdo ha tardado en hacerse efectivo, ya que el acusado no estaba seguro de querer aceptarlo. Tras una discusión de casi una hora con su abogado y allegados, el acusado ha entrado en la sala y, ante el tribunal, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena propuesta, según han explicado las fuentes consultadas.
Los pasos del acusado tras desde el presunto delito
De acuerdo con el relato de los hechos expuesto en los escritos de acusación, el acusado, de 55 años, se desplazó a Viena en agosto de 2016 junto a otros adultos miembros de la escuela y los componentes del coro, formado por 47 menores de entre 12 y 17 años.
El grupo se alojó en un albergue de la ciudad y el acusado dormía en una de las habitaciones con cinco niños. Una noche, la víctima, G.V.R., que entonces tenía 12 años, sufría terrores nocturnos y se trasladó a la cama ocupada por el acusado, momento en que éste le hizo tocamientos y le obligó también a corresponderle.
La noche siguiente, en otro albergue en la localidad austríaca de Wells, el acusado, que compartía cama con la víctima y otro niño, llevó a cabo los mismos movimientos, lo que provocó los gritos del otro menor.
La denuncia de G.V.R., de agosto de 2016, recayó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, cuyo titular dejó entonces en libertad provisional al acusado con la prohibición de acercarse a la víctima. Después, el juez se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por ser el órgano judicial competente al tratarse de hechos supuestamente cometidos por un español en territorio extranjero.
En este tiempo, el acusado quebrantó la orden de alejamiento, por lo que fue condenado a una pena de multa. Y por eso, aunque cuente con estos antecedentes, la condena que impondrá en su sentencia la Audiencia Nacional al acusado no le hará entrar en prisión.
Semanas después de la denuncia, la Policía Nacional recibió al menos media docena más, todas de personas mayores de edad que habrían sufrido abusos en su paso por la escuela coral cuando eran niños. La mayoría han prescrito ya, pero dos sí se están siendo investigadas en juzgados de Valencia y Alicante por hechos supuestamente ocurridos en España.
Certificado para trabajar con menores
La pena accesoria impone su inhabilitación para trabajar en contacto con niños durante un periodo de seis meses, en virtud de la Ley de Protección de la Infancia; según la cual, todo aquel que desempeñe o quiera acceder a un puesto que implique contacto con menores deberá presentar un certificado que acredite la ausencia de antecedentes penales por delitos sexuales.