El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha puesto de manifiesto que en el texto de la reforma local remitido por el Gobierno a los representantes de los alcaldes y enviado al Consejo de Estado todavía "persisten discrepancias" respecto a "cuestiones vitales", si bien la FEMP recuerda que tienen el compromiso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de que se atenderán las demandas acordadas que no han sido incorporadas al texto.
Así lo asegura De la Serna en un texto publicado en la revista de la Federación 'Carta Local', recogido por Europa Press, en el que aunque valora que el último documento recoge "la mayor parte de las cuestiones alegadas por la FEMP", señala que no se incluyen algunos de los aspectos acordados en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) celebrada en mayo entre Hacienda y los alcaldes.
"Aún persisten discrepancias respecto a cuestiones que resultan vitales para las Entidades Locales, tales como la necesidad de que el coste estándar se fije de acuerdo con la FEMP, y el cierre definitivo del régimen transitorio que deberá aplicarse para que las CCAA asuman tanto la prestación como la financiación de la competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales", señala en el texto De la Serna.
Según informa la FEMP en la citada revista, uno de los asuntos pactados durante la CNAL que no se recoge en el texto remitido al Consejo de Estado es el relativo a la intervención de municipios por parte del Ministerio ya que, aunque se han eliminado las condiciones para proceder a ella en las entidades de menos de 5.000 habitantes, se incluye una frase "que contempla la posibilidad de intervención temporal con carácter previo a lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
Asimismo, advierten de que el texto mantiene que serán las comunidades autónomas las que presten durante el periodo transitorio las competencias en educación con financiación de los ayuntamientos, a pesar de que en la CNAL se acordó que durante esa primera fase las seguirían desempeñando los ayuntamientos.
Tampoco se ha recogido el acuerdo alcanzado sobre el coste estándar, según el cual se la FEMP sería escuchada para determinar el mismo, ni el relativo a la limitación de las funciones de los interventores municipales, para evitar que entren en cuestiones de oportunidad, que corresponderían al ámbito político.
No obstante, al igual que ya aseguró De la Serna en rueda de prensa tras valorar en la Junta de Gobierno de la Federación el texto remitido, el propio ministro de Hacienda se ha comprometido a que estos temas sí estarán recogidos, "en los términos acordados", en el documento que se eleve al Consejo de Ministros.
Asimismo, el también alcalde de Santander asegura que al margen de las modificaciones que se incluyan en el texto antes de que llegue al Consejo de Ministros, la FEMP seguirá "planteando mejoras al articulado" durante su tramitación parlamentaria, prevista para después del verano.
"NOTABLES AVANCES"
Además, destaca que desde que se inició el proceso negociador y se presentó el primer informe del Anteproyecto en julio del año pasado se han conseguido "notables" avances, como el hecho de que ya no se contemple la reducción de un 30% de los concejales o la eliminación de municipios, planteados inicialmente.
En este sentido, valora que, por ejemplo, en materia de servicios sociales la FEMP ha conseguido que se incluya una cláusula que prevé que, si al año de la entrada en vigo de la Ley, la comunidad autónoma no presta el servicio, el ayuntamiento volvería asumirlo, a coste estándar, con a garantía del Estado de que el municipio cobrará por ello con cargo a la financiación autonómica.
La Federación también destaca el hecho de que el texto establezca que los servicios que deleguen las CCAA en los ayuntamientos vendrán acompañados del 100% de la financiación, y que esta estará asegurada durante al menos cinco años, así como que los municipios de menos de 20.000 habitantes cuyas finanzas estén saneadas también podrán prestar servicios delegados por las autonomías.