En esta pieza separada figuran como investigados por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental un total de 28 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha.
En una providencia notificada este martes a las partes, el juez acuerda requerir a Imelsa para que aporte el expediente laboral de los 15 contratados de los que se sospecha que percibían un salario de la empresa sin desempeñar actividad laboral alguna para la misma.
Además de los contratos ficticios a 15 de los imputados, en esta pieza separada el juez investiga a otros ocho contratados por Imelsa por las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con dicha empresa pública. Respecto de ellos, además del expediente laboral, el instructor ha reclamado a Imelsa las cartas de despido y finiquitos.
El juez sospecha que pudo existir algún tipo de "maquinación concertada" entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un "innecesario y arbitrario enriquecimiento" a costa del erario público.
En esta pieza separada figura también como imputado José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa. Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olímpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.
Tanto el expresidente de la Diputación como Vedri tienen la condición de investigados (imputados según la denominación previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); las empresas, Engloba y el Club de fútbol, figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.
Hasta el momento, el 'caso Imelsa' se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el consistorio valenciano en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita y la de las contrataciones irregulares en Imelsa.
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. En el conjunto del caso hay 115 investigados entre personas físicas y jurídicas.