La Fiscalía del Principado se ha dirigido al Consistorio para requerir los nombres de los integrantes de la Junta de Gobierno, que el 14 de agosto de 2008 aprobaron la devolución a la promotora Urvisa del aval de 17.000 euros que había entregado por la compra de este suelo en 2003, además del que era edil de Licencias en 2007. En rueda de prensa este miércoles, el portavoz municipal socialista, Alfredo Carreño, ha nombrado a los cinco primeros como miembros de la Junta y al último, Reinares, como responsable de Licencias.
El concejal del PSOE ha informado de que la Fiscalía ve "indicios de delito de prevaricación" en su conducta, motivo por el que ha requerido sus nombres. El ilícito se basaría en la devolución de dicho aval sin que la empresa hubiese cumplido sus obligaciones contractuales al comprar el suelo, y en no hacer nada para solucionar la situación, aún siendo el Gobierno local, a través de su concejal de Licencias, "perfectamente conocedor de la situación", ha explicado Carreño.
VENDIDA EN 2003
El edil socialista Feliz Fernández, también presente en la rueda de prensa, ha resumido los hechos. El Ayuntamiento vende en 2003 la parcela B16, de 16.000 metros cuadrados, a la promotora Urvisa, a un precio de 33 euros el metro cuadrado, "cuando su coste en el mercado sería de 84", señala el concejal. En el contrato se incluye, como condición resulutoria, la imposibilidad de vender o alquiler dicho suelo, y el compromiso de crear actividad empresarial en él en un plazo de dos años, "con 72 puestos de trabajo".
En caso de incumplimiento de esas condiciones, el contrato establecía su disolución. "No solo no tenía el Ayuntamiento que haber devuelto el aval, sino que debería haberse quedado con la parcela y todo lo construido en ella", matiza Fernández.
Sin embargo, el edil socialista ha narrado que Urvisa, ese mismo año 2003 vendió la parcela a otra promotora, Bitácora, que posteriormente dividió el área en 17 naves, para vender cuatro de ellas en 2007 a Promociones Caudal. "En febrero de 2007", continúa, "Reinares, concejal de Licencias, recuerda a la emprea que incumple el contrato, lo que demuestra que el Ayuntamiento tenía pleno conocimiento".
En 2008, añade, "la Junta de Gobierno levanta la condición resolutoria" y aprueba devolver el aval. "Hasta ese momento, aclara el representante municipal del PSOE, "no se había creado ni un solo puesto de trabajo".
EL PSOE HABÍA DENUNCIADO EN 2010
Carreño y Fernández denunciaron estos hechos ante la Fiscalía en el año 2010, planteando un posible delito de fraude en las subvenciones. Sin embargo, el Ministerio Público inicia actuaciones ahora con la tesis de la posible prevaricación por parte de la Junta de Gobierno, por aprobar la devolución del aval sin que Urvisa hubiese cumplido el contrato, y por parte del concejal de Licencias, "por ser conocedor y no hacer nada", explica Carreño.
El PSOE se personará en esta causa como acusación particular, con objeto "de que se investigue y se llegue hasta el final en la depuración de responsabilidades". Carreño ha recordado que su partido alertó en numerosas ocasiones sobre la forma de proceder en la venta de parcelas del polígono de Olloniego, y de la B16 en particular. En su opinión, este caso "resume una forma de gobernar en Oviedo que lleva más de dos décadas".