La Fiscalía ha validado que el Ayuntamiento de Lleida utilice el catalán en sus expedientes administrativos, según ha informado este miércoles el consistorio en un comunicado, en el que puntualiza que es la primera instancia jurídica que avala la actuación del Ayuntamiento en el uso del catalán.
El Contencioso dio la razón a un ciudadano que interpuso recurso a esta denuncia donde negaba la infracción y, además, señalaba que la Paeria le respondió en catalán las alegaciones que él escribió en castellano.
Por esta razón, la sentencia del juzgado anuló la multa de tráfico y el juez del contencioso envió su resolución a la Fiscalía al considerar que podían haber "derivaciones en la orden penal", según la información del Ayuntamiento
Después de estudiar las alegaciones aportadas por el Ayuntamiento, el fiscal ha avalado la actuación de la Paeria y señala en un auto en el afirma: "tramitando el expediente sancionador en lengua catalana, no concurren ni el requisito de ilegalidad ni el de la injusticia o arbitrariedad propios de toda prevaricación", con lo cual, no se aprecian hechos que revistan indicios de delito o falta.
El fiscal remarca que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y la Ley de Política Lingüística señalan el catalán como lengua propia de la administración local y otras corporaciones públicas de Cataluña y reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir comunicaciones en castellano siempre que lo pidan.
En cambio, el magistrado del Contencioso, José María Magan, interpretó que en el momento en qué lo recurrente se dirige a la administración en castellano hay que suponer que su deseo es que continúe todo el procedimiento en esta lengua, a pesar de que la misma sentencia de este juzgado reconocía que en ningún caso el interesado pidió que las notificaciones se le realizaran en castellano.
La legalidad vigente, concluye el fiscal, "ampara que el Ayuntamiento de Lleida entienda que los particulares tengan que manifestar en el expediente que desean que la tramitación del procedimiento sea en castellano, sin que este requisito se pueda considerar una carga u obligación especialmente gravosa