La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado este jueves a 639 años de prisión la petición de pena para Juan Ramón Carasatorre por atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Arnedo (La Rioja) el 17 de agosto de 1995.
El fiscal Carlos Bautista --que pedía en un inicio una pena de 57 años de cárcel-- acusa a Carasatorre de la comisión de un delito de atentado, 38 intentos de asesinato en grado de tentativa, dos delitos de utilización ilegítima de vehículo a motor, dos de detención ilegal, uno de tenencia de explosivos, otro de tenencia de armas y uno de falsificación de matrículas.
Durante el juicio, desarrollado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Carasatorre se ha negado a declarar y a hacer uso de su derecho a la última palabra.
El Ministerio Público considera que el comando fabricó dos artefactos explosivos en un piso de Ibarra que era propiedad de Ignacia Ceberio, ya fallecida, quien previamente había conseguido que su hermano le prestara su vehículo bajo el pretexto de que lo necesitaba para irse de vacaciones.
En realidad, los terroristas utilizaron este turismo para desplazarse al cuartel y obtener información de la zona, en la que residían los miembros del Instituto Armado y sus familias, ha defendido Bautista.
Cuando Carasatorre y otros dos miembros del comando se desplazaron en la madrugada del 17 de agosto de 1995 a la parte trasera del cuartel, fueron sorprendidos por dos policías municipales, por lo que abandonaron los artefactos en el capó de dos vehículos estacionados en el aparcamiento.
La patrulla policial persiguió el vehículo de los terroristas, quienes, dada a la velocidad excesiva a la que conducían y al encontrarse en un tramo curvo, se salieron de la carretera. Tras el accidente, los miembros del comando hicieron señales con un pañuelo blanco para reclamar auxilio a los agentes, pero cuando éstos se detuvieron les encañonaron con armas de fuego y les obligaron a abandonar el vehículo policial.
SE HICIERON PASAR POR POLICÍAS SECRETAS
Durante el trayecto hacia Calahorra, los miembros de ETA fingieron ser policías municipales y engañaron a una familia, a la que dijeron que habían tenido un accidente y solicitaron su vehículo.
En la vista oral el dueño de este último coche ha recordado ante la sala que los miembros del comando le dieron el alto y le pidieron el DNI, indicándole que eran policías secretas en desarrollo de una misión.
En el curso de la huída a bordo del nuevo coche, fueron divisados por una patrulla de la Ertzaintza que inició su persecución, lo que obligó a los etarras introducirse en un camino forestal de la localidad de Ullivarri-Viña (Álava).
Tras caminar durante cinco días en el bosque, llegaron hasta un camping del municipio alavés de Otazu, donde se introdujeron en una caravana y encañonaron con un arma de fuego a su propietario al que obligaron a llevarles hasta Andoain, manteniendole varias horas retenido.
En la caravana se intervino una riñonera con 35 cartuchos, un DNI y permiso de conducir de Valentín Lasarte y 43.625 pesetas.
El estallido de los dos artefactos se produjo sobre las 3,50 horas del 17 de agosto, ocasionando cuantiosos daños materiales en los vehículos e inmuebles próximos a la explosión y heridas leves a varias personas. A las 10,50 horas del día siguiente se produjo una llamada telefónica a la Cruz Roja de Arnedo, avisando en nombre de ETA de la colocación de tres coches-bomba en la localidad.
En el desarrollo de esta huida, los autores de la colocación del coche-bomba dejaron en los coches que ocuparon distintos rastros, como huellas y sangre que, no obstante, no coinciden con el ADN del acusado.